Chiste Erlich Fiesta

Sindicato, embargos, y actuación municipal

Publicado en El Tiempo 26-3-2007

Ha tenido cierta trascendencia pública dictámenes que realizara en el año 2001, cuando me desempeñaba como Director Legal y Técnico de la Municipalidad de Azul.

He preferido, antes que una entrevista solicitada por este Diario, explicar en esta nota lo que considero relevante, para asegurar la precisión conceptual.

Los dictámenes se refieren a los descuentos en los haberes del personal municipal en favor del Sindicato de Trabajadores Municipales, y considero importante advertir que hay dos intereses involucrados en el problema: 1) El interés general –municipal y de la comunidad toda– de que los empleados y funcionarios públicos se desempeñen correctamente; y 2) El interés particular de cada agente municipal perjudicado.

El interés general

La Constitución y las leyes establecen la igualdad de oportunidades para el ingreso a la administración pública, sin otro requisito que la idoneidad que se debe acreditar mediante concurso, la estabilidad en el empleo público, el derecho a la carrera administrativa, etc. También le aseguran la integridad de su remuneración, prohibiendo que se le hagan retenciones superiores a un porcentaje, sea que se trate de embargos judiciales coactivos o descuentos voluntarios pedidos por el empleado.

Cuando se permiten descuentos mayores se afecta la integridad de la remuneración, y el empleado necesita de terceros para subsistir, sea del Sindicato o de cualquier otra persona que le fíe o le preste, una y otra vez, todos los meses. Su voluntad resulta debilitada por no puede cubrir las necesidades básicas de subsistencia.

La municipalidad debe implementar las medidas para preservar la integridad de la remuneración de los agentes municipales, mediante la información y control permanentes sobre los conceptos y cuantía de los descuentos, limitando y posponiendo los que superen ese porcentaje. Si no lo hace, afecta el interés general involucrado en el desempeño correcto de los empleados públicos.

Lo mismo ocurre cuando no se respeta la estabilidad porque se lo mantiene indefinidamente fuera de la planta permanente, o cuando no se respeta la carrera administrativa, y los ascensos o bonificaciones no se otorgan por méritos ni se instrumentan por concurso.

Es importante comprender que no son privilegios del empleado, sino la forma de establecer condiciones para la independencia del agente municipal, evitando que sea “manejable” por presiones internas o externas, para que se aparte del cumplimiento de la ley.

El interés particular

El otro interés involucrado es el individual de cada empleado público que, en este caso, se ha visto obligado a pagar dos veces una deuda bancaria, porque los descuentos que le realizaron en sus haberes no se utilizaron para pagar el crédito gestionado por intermedio del Sindicato.

El Sindicato se ha aprovechado de la necesidad, ligereza o inexperiencia de sus afiliados, utilizando estructuras gremiales legitimantes que suponen la existencia de control estatal y solvencia económica par hacer frente a eventuales perjuicios. Algunos damnificados difícilmente puedan sostener el desconocimiento por los créditos tomados después de 1994.

La responsabilidad municipal consiste en no haber sostenido en el tiempo las medidas para preservar la integridad de la remuneración de los agentes municipales que se implementaron correctamente en la gestión del Dr. Héctor Rodríguez.

Existe responsabilidad del Ministerio de Trabajo, porque ejerce el contralor sobre los Sindicatos, y tuvo evidencias suficientes para redoblarlo.

Finalmente, existe responsabilidad de los nuevos bancos y financieras –puesto que los anteriores dejaron de operar con el Sindicato– porque, aún sabiendo los antecedentes, utilizaron a ese intermediario en la contratación y el pago, y admitieron el otorgamiento de dos créditos simultáneos por empleado para financiar al Sindicato.

Antecedentes

Para comprender mejor lo ocurrido es necesario recordar que en el año 1994 la Municipalidad tuvo conocimiento de que el Sindicato de Trabajadores Municipales, no abonaba con el dinero retenido de los haberes, los créditos bancarios de los empleados ni el retiro de mercaderías en comercios locales adheridos.

En esa oportunidad el Señor Intendente Municipal, Dr. Héctor Rodríguez, realizó la denuncia pidiendo al Juzgado en lo Penal de turno que efectuara la investigación por el presunto delito cometido.

Durante la investigación ningún empleado, comerciante o banco se consideró perjudicado. Los empleados defendieron al Sindicato, sea porque realmente creyeron que no había un delito o porque prefirieron perdonarlo con tal de que pagara las cuotas adeudadas. Esto es un problema frecuente en los delitos de defraudación, porque la víctima intenta negociar con el autor del delito, para no perder todo, y allí reside su mayor debilidad. La denuncia se archivó.

Además de la denuncia penal, el Dr. Héctor Rodríguez dispuso que se suspendieran los descuentos hasta que cada empleado autorizara por escrito, en un formulario para cada código de descuento, que se reanudara la retención y se le entregaran esos fondos al Sindicato.

Todos los empleados tuvieron una explicación individual en la Asesoría Legal sobre el significado de lo que hacían, y optaron por firmar voluntariamente las autorizaciones. Es decir, ratificaron al Sindicato como mandatario para retener y abonar. Desecharon la alternativa propuesta por la Municipalidad de abonar en forma directa al Banco, las cuotas de cada crédito.

La denuncia penal, la interrupción en el descuento, la exigencia de autorizaciones individuales por cada código, la información pública que se produjo en ese momento, fue una severísima advertencia para todos los empleados respecto al accionar del Sindicato. También lo fue para las entidades bancarias y financieras. Pero, extrañamente, todo siguió igual.

Si bien nunca supimos con exactitud, se estimaba que en 1994 el Sindicato tenía una deuda de $ 60.000. Cuando el Banco Columbia presentó la nota por falta de pago en 2001, pudimos advertir que el Sindicato se había financiado todo este tiempo con créditos personales de los propios empleados municipales, a la tasa de interés más cara  del mercado. También supimos allí que había operado más de 10 entidades bancarias y financieras. Cada empleado que pedía un crédito, firmaba dos solicitudes, la segunda para un crédito que utilizaba el Sindicato. Se le descontaba de los haberes solo la cuota de un crédito, y la restante la abonaba directamente el Sindicato aunque, como no tenía ingresos genuinos, las cubría con nuevos prestamos que obtenía en la misma forma. La deuda se incrementó exponencialmente, estimándose en unos tres o cuatro millones de pesos en 2003.

Otros problemas análogos

Hay una larga lista de operatorias engañosas que han concluido perjudicando a la gente de Azul que confió en ellas: los denominados planes 60 x 1000 (el gauchito que devolvía el dinero indexado); planes de vivienda como Construviv, o Bamarsa en el Barrio Cesuar y el Ceramista; sistemas comerciales como la tarjeta azul; financieras como Curatola, y un largo etcétera.

¿Qué podemos hacer?

En primer término, nunca insistiremos bastante en pedir a las personas que tengan precaución, y consulten antes de firmar.

Hay organismos gratuitos para la consulta legal, y uno específico que es la Oficina Municipal de Consumidor (OMIC), adonde es posible averiguar la legalidad y conveniencia de asumir ese compromiso.

En segundo término, la administración pública debe adoptar la iniciativa. No se concibe que espere a que haya damnificados para intervenir, cuando ya se cometió el delito. Existe una etapa previa cuando se instala el engaño, brindando información mediante folletos, notas, entrevistas y publicidad en los medios de comunicación, etc., y allí hay que actuar.

En este sentido la Oficina Municipal del Consumidor tiene facultades para actuar de oficio en el control de las entidades, solvencia, planes y formularios que se publicitan en este tipo de operatorias, pudiendo disponer preventivamente el cese de la actividad. También la Justicia de Faltas municipal tiene atribuciones para intervenir.

En tercer lugar, el Consejo Consultivo de la Escuela Superior de Derecho, integrado por docentes, alumnos, graduados y no docentes, ha impulsado la creación de una Clínica Jurídica de Casos de Interés Público para patrocinar gratuitamente algunos casos de esta índole, con el objeto de generar los precedentes administrativos y judiciales que sirvan de guía para la solución de futuros casos. Es un proyecto muy interesante que se vincula con la Red de Clínicas Jurídicas de Interés Público que ya existe en numerosas Universidades, y cuya implementación no tiene costo presupuestario adicional en el proyecto de la Escuela.

El proyecto contempla, además, la identificación de los problemas para la capacitación en cursos de Derecho Preventivo, dirigidos a la población general que –como la medicina preventiva–, ayude a las personas a tomar precauciones para evitar que sean víctimas de engaños o decisiones gravemente perjudiciales.

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