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Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

Algunos Concejales se han enojado porque pregunté ¿qué harán?

¿Qué harán?, frente al ejercicio abusivo de poder por parte del Intendente, que otorgó y pagó a los funcionarios políticos –sin aprobación del Concejo–, un incremento de hasta un 50%, el doble de lo que se aumentaron los sueldos al resto del personal.

¿Qué harán? frente al ejercicio abusivo de poder que significa mantener a 228 empleados municipales bajo la línea de pobreza –con silencio cómplice del Concejo–, cobrando menos que el salario mínimo vital y móvil. O, con los 50 destajistas que apenas reciben $ 1400 mensuales de bolsillo.

En escasos tres días, 200 azuleños hicieron suyas estas preguntas, enviándoles mail desde change.org. Aquí podes ver la campaña http://chn.ge/QMhDmi

Algunos, prestos para eludir la pelota, respondieron ofendidos por los medios de comunicación. Dijeron, que le han delegado el Intendente por Ordenanza 3408/2013, la potestad de fijar sueldos que quiera, a su solo antojo. Si fuera exacto, deberíamos alegrarnos que no les aumentaron el 400%. Que ellos no tienen nada que ver, y no pueden hacer nada. Algunos invocaron su condición de abogados, para afirmar que era yo quién no entendía las normas aplicadas.

Entendiendo el estado social y democrático de derecho

En un estado constitucional de derecho, hay división del poder. Lo mismo ocurre en la nación, en la provincia y en las municipalidades. Le corresponde al poder legislativo dictar las normas generales, leyes u ordenanzas, y al ejecutivo aplicarlas.

Solo el poder limita al poder, solo el poder controla al poder, solo el poder responsabiliza al poder. Si defecciona el poder legislativo o el judicial, el ejecutivo no cumple la ley o las ordenanzas porque no habrá responsabilidad ni sanción, y junto con las normas caen los derechos individuales y colectivos. El derecho al trabajo y remuneración digna, el derecho a la buena administración, el derecho a la ciudad como proyecto de desarrollo humano colectivo, etcétera. Es decir, si no hay división de poder, ganan los poderosos que ejercen el poder político o económico, pierde la gente, y se instala una democracia de bajísima calidad.

Tan esencial es respetar la división del poder que la Constitución Nacional, dispone en su art. 29 “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Ese artículo es plenamente aplicable a los municipios, cuya autonomía reconoció la Corte Suprema de Justicia en la causa “Rivademar” (1989), y luego se consagró en la reforma constitucional de 1994 (arts. 123 y 129).

Pese al texto constitucional, se produjo una acumulación de poder del ejecutivo, que en la ciencia jurídica se denomina hiper-presidencialismo, y en la ciencia política democracia delegativa. Las instituciones creadas en la reforma constitucional de 1994, para controlar y redistribuir el poder, no tuvieron el resultado deseado.

La responsabilidad de los legisladores

Es el poder legislativo el que representa al pueblo, porque allí están los legisladores, tanto de la mayoría como de las distintas minorías. A el corresponde legislar el proyecto de país, de provincia, o de ciudad que queremos, y un instrumento esencial es el presupuesto, es decir, la autorización del gasto público, que solo puede otorgar el legislativo, desagregando en tantas partidas como sea necesario para asegurar las políticas públicas que se proponga.

Una gran parte de la responsabilidad del proceso de acumulación de poder corresponde a los legisladores, que privilegian sus intereses políticos por sobre los deberes y potestades de su cargo. Por ejemplo, delegándolas en el ejecutivo, mediante los superpoderes o convalidando decretos de necesidad y urgencia, cuando no hay necesidad ni urgencia.

Y así convierten al deliberativo en mera escribanía, ratificando lo que hace el ejecutivo, cualquiera sea la dirección de la brújula ideológica, la afectación de un proyecto integral, o el desconocimiento de derechos humanos con jerarquía constitucional. Por su defección proliferan las prácticas clientelares con que el ejecutivo implementa una red de premios y castigos, en los sectores de menores recursos, y también la extienden a microemprendedores, artistas, medios de comunicación, entidades de bien común, entre otros.

El “hiper-intendentismo”

El esfuerzo argumental de algunos Concejales, para justificar su defección, es infructuoso. Peor aún, es destructivo de la institucionalidad, porque quieren otorgarle al Intendente superpoderes, remedando los vicios políticos de la nación o la provincia. ¿Harán lo mismo con cada tema controvertido? Lo que no han considerado es la cercanía con la gente, porque la participación ciudadana en ciudades como la nuestra, se traduce en el reproche personal y directo que, según parece, les ha molestado.

Subyace la intención de no dar el debate, de escamotear un tema que los obliga a dar su opinión y su voto de cara a la comunidad. Solo el bloque socialista está planteando, claramente, la necesidad de debatir los incrementos en las remuneraciones, considerando también a los empleados municipales, a quienes les han fijado sueldos miserables. Ocultar el problema no es solución para nadie.

La Ordenanza 3408/2013 ninguna potestad atribuye al Intendente, ni podría hacerlo, excepto proyectar por separado los incrementos de los funcionarios políticos y del resto del personal. Por el contrario, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Proyecto de presupuesto comprende todos los gastos (art. 110), que el Concejo Deliberante puede modificarlo total o parcialmente, devolviéndolo al Intendente (arts. 115 y 116), y sin su aprobación solo puede ejecutar el presupuesto del año anterior (art. 116 y 118). Es decir, ningún aumento puede otorgarse sin la autorización del Concejo.

Y lo denomino Concejo Deliberante, a secas, haciendo mías las excelentes palabras del entonces Presidente del Concejo, Dr. Jorge Mario Cartolano, que en el reinicio de la democracia suprimió la denominación de “Honorable”, afirmando que es un título que se debe ganar el cuerpo deliberativo con su actuación. Por lo pronto, asumiendo sus deberes y potestades.

Ideas progresistas de la política: centro izquierda democrática

El socialismo es un partido de trabajadores, ubicado en izquierda democrática, cuya coherencia de ideas se confronta permanentemente con el socialismo en mundo.

No ocurre lo mismo con otros partidos de alcance nacional que, merced a liderazgos fuertes, pueden saltar a posiciones contrapuestas, y así caen fácilmente en la forma más insolidaria de vida en común, expresada por el neoliberalismo, bajo el ropaje populista. El ajuste económico actual es buena prueba de ello.

Y los aspectos básicos del pensamiento socialista, ese conjunto de ideas irrenunciables, se han expresado recientemente en el Acta Constitutiva del Frente Amplio Unen:

Es inaceptable un modelo político autoritario, en el que los gobernantes no respetan las leyes”, “La concentración del poder sin controles republicanos nos ha conducido a la corrupción, a la pérdida de federalismo, a la depredación del medio ambiente, al capitalismo de amigos, a la incapacidad del Estado y al atraso económico” Fijando como prioridad: “Fortalecer las instituciones de la República para terminar con la impunidad, respetar la división de poderes y la independencia judicial. Garantizar la rendición de cuentas y la función de control del Congreso.”

No esperamos que los justicialistas, en sus diversas expresiones, comulguen con estas ideas. Salvo respetables expresiones individuales, su doctrina del verticalismo y liderazgo hegemónico, forman parte del problema, y no de la solución.

Los demás Concejales, aquellos que se consideran dentro del Frente Amplio Unen, tendrán que pensarlo. Porque son coincidencias mínimas, que tendremos que adaptar a la realidad del gobierno local, a la realidad de Azul.

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