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1. Ordenanza de Información Pública

Estableciendo el deber irrestricto del Intendente y demás funcionarios del municipio, de informar y permitir acceso a la documentación, a cualquier persona que lo solicite, sin costo ni otros obstáculos. También para que cada uno de los Concejales pueda ejercer su función de proyectar políticas públicas y controlar la actuación del Intendente.

2. Ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo de Azul

Protegiendo los derechos de las personas que viven en el Partido de Azul, una institución municipal que tenga por objeto supervisar la correcta actuación de funcionarios y agentes dependientes del departamento ejecutivo y juzgado de faltas, y muy especialmente, controlar la prestación de los servicios que está obligado a prestar el municipio. Que los reclamos por falta de servicios de salud, transporte, colectivo, cloacas, agua, gas, etcétera, o por las tarifas que fija la Municipalidad, o por las deficiencias de atención, tengan un cauce de reclamo efectivo.

3. Ordenanza sobre régimen del empleo público municipal

Disponiendo el ingreso mediante selección por idoneidad, los ascensos de categoría por concurso con jurado externo a la Municipalidad; el inmediato pase a planta permanente del personal temporario en las condiciones fijadas por el Estatuto, la carrera administrativa hasta el cargo de Director inclusive (y Director de Hospital), concursándolos cada  cinco (5) años.  Creación de la Escuela Municipal de la Función Pública para una mejora continua. Respeto a la dignidad, idoneidad y autonomía técnica de los empleados municipales de planta.

4. Ordenanza de democratización de las Delegaciones Municipales

Designación de los Delegados Municipales por elección general, conjuntamente con un Concejo de seis (6) miembros con desempeño honorario, dotando a la localidad de presupuesto propio, y con jerarquía sobre todo el personal y servicios que se cumplan en ella.

5. Ordenanza de Presupuesto Participativo por Distritos y Unidades de Gestión Comunitaria

Descentralizando del municipio mediante la creación de Distritos en la ciudad, adonde se instalen Unidades de Gestión para atender a los vecinos, e implementando la distribución de fondos mediante Presupuesto Participativo. Cada sector de la ciudad debe establecer sus prioridades, con una distribución que asegure que el presupuesto no se destinará a otros sectores u otros fines.

6. Ordenanza fijando la Audiencia pública, Asambleas Barriales y Banca abierta

Estableciendo mecanismos de participación idóneos, eficaces y pautados, para que no se soslaye su aplicación. La participación es control mejor y más oportuno, de un gobierno público. Pero hay que prever los instrumentos para evitar que la falta de información, de asesoramiento técnico, o la manipulación de las representaciones, impida que se pronuncie la sociedad civil.

7. Ordenanza de Código de Ética de la Función Pública Municipal

Profundizando las normas básicas establecidas para la función pública por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, a fin de asegurar una conducta pública correcta, e impedir los conflictos de intereses. Las normas de ética bien aplicadas previenen los hechos de corrupción, actuando en forma preventiva.

8. Ordenanza sobre Programa de Emprendimiento Joven

Estimulando al Joven como emprendedor, tanto en los emprendimientos productivos como sociales y culturales, mediante instrumentos que combinen aportes económicos, financieros, sistema de incubadora de proyectos, para que se exprese la creatividad y el talento en Azul. Hay que crear condiciones para lograr la inserción de los jóvenes, y que la ciudad sea una oportunidad de desarrollo personal.

9. Ordenanza creando la Oficina de Mediación Vecinal

Brindando una instancia de solución a los problemas de vecindad, en conflictos cuya judicialización es inconveniente, articulándola con los organismos técnicos comunales, y las facultades sancionatorias del Juzgado Contravencional del Partido de Azul.

10. Ordenanza sobre exigibilidad de Derechos Sociales

Estableciendo condiciones de exigibilidad de los derechos humanos sociales, que aseguren la equidad en el otorgamiento de prestaciones, y mecanismos de control eficaces, para evitar toda desviación partidaria y electoralista. Adonde hay un precedente administrativo de otorgamiento a otra persona en las mismas condiciones, hay un derecho exigible incluso judicialmente.

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