Las 95 cesantías en la Municipalidad de Azul

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Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

Todos sabíamos que la estructura de gastos en personal del municipio provocaba un déficit estructural, que impedía cumplir con las funciones y servicios básicos que debe prestar a la comunidad. No podemos hacer una “cooperativa de trabajo”, “adonde todo el dinero que entra lo repartimos entre nosotros, funcionarios y empleados”, explicaba el “Negro” Rodríguez, cuando tuvo que concluir el mandato del Intendente De Paula. Nada más cierto.

Algunos se han puesto contentos porque la cesantía de 95 personas les parece la solución para la crisis municipal. El socialismo, no.

Por una parte, el Concejo Deliberante, que Hernán Bertellys integraba, fue responsable de tolerar el festival de gastos en personal, y se negó a declarar la emergencia en el empleo municipal en 2014, con un proyecto del socialismo. Ahora se sorprende. Olvidó que, mejor que curar es prevenir.

Por otra, el gasto en personal tiene al menos tres elementos distinguibles: a) el gasto que insumen las remuneraciones y adicionales de los funcionarios políticos; b) las remuneraciones y adicionales básicos de los funcionarios y empleados de planta; y, c) los adicionales “a dedo” otorgados por Inza que, por ejemplo, logran que un empleado con dos años de antigüedad gane el doble que otro con veinte años.

En una ciudad que está perdiendo fuentes de empleo privadas, la decisión de cesantear empleados es gravísima; solo debería utilizarse luego de agotar las otras alternativas, y bajo ciertas condiciones. Son personas, familias, que se condenan a la desocupación. La paz de los cementerios, decíamos durante el menemismo.

Si no se han  limitado los cargos políticos, si no se han restringido los adicionales otorgados “a dedo”, la medida es injustificada desde el punto de vista de la reducción del gasto público. Y es también discriminatoria, porque no se han establecido bases objetivas para nominarlos (antigüedad, cargas de familia, examen de idoneidad, calificación, etcétera). ¿Quedó cesante algún afiliado del STMA, tan vinculado al Intendente Inza?

Aquí surge el segundo argumento. Se dice entonces que fueron designados “a dedo” por el Intendente Inza, y que probablemente son ñoquis que no trabajan o no sirven para esa tarea. Y aparece también el resentimiento de los que no pudieron ingresar, sufrieron por la paralización municipal, o soportaron la prepotencia de los funcionarios políticos inzistas.

Hemos dicho en varias notas anteriores que la designación de empleados “a dedo”, la que hizo Inza (también Duclós y Barberena), es perversa. Las personas, en especial los jóvenes, se esfuerzan por lograr un empleo, y se orientan hacia las exigencias de los gobernantes de turno. Si para ingresar hay que militar en las agrupaciones políticas, no tiene sentido estudiar o capacitarse. También degradan a quiénes ya están en la función, porque el que ingresa por la ventana los supera en jerarquías y remuneración, aunque nada sepa de la función. Y sufren traslados o persecuciones, a veces para impedirles que cumplan con la ley o con la igualdad de trato. Es el germen de la destrucción y la decadencia.

La manipulación gubernamental provoca desaliento y frustración en los que estudian, se capacitan o esfuerzan en su trabajo, porque el “mérito” y la “idoneidad” se mide exclusivamente por la asistencia a los actos partidarios, o las otras formas más complejas de militancia que le demandan todo su tiempo.

Pero estas son las “reglas” que fijó el Intendente Inza, nuestro representante electo democráticamente, a vista y paciencia de los Concejales. Y no podemos ensañarnos con quienes ingresaron de ese modo. Sencillamente hay que colocarlos en la categoría más baja, y hacerlos cumplir con su tarea. Del mismo modo tampoco invalidamos las demás decisiones que adoptó Inza, no rechazamos los contratos –aunque fueran empresarios o medios de comunicación amigos del poder–, ni negamos los compromisos asumidos, porque hay continuidad institucional.

Lo importante es que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y aquí reside el gran problema que, ni el Intendente ni los Concejales, parecen dispuestos a abordar. Hagamos un recordatorio mínimo:

  1. Delimitar la cantidad máxima de funcionarios políticos distribuidos por categorías (Secretarios, Subsecretarios y Directores), y el gasto total que se autoriza. Con 15 funcionarios políticos, tal vez menos, se habrá cesanteado inútilmente a 95 personas.
  2. Reordenar los adicionales indebidos que otorgó el Intendente Inza “a dedo”, por supuesta función o responsabilidad, e impedir que se otorguen más. Se dejaron cesantes 95 agentes, para mantener esos privilegios que suman más dinero.
  3. Suprimir los cargos objeto de cesantías, limitando la planta total e impidiendo que se vuelvan a cubrir con otras personas. Y también las nuevas vacantes que se produzcan por renuncias o jubilación. Solo así se podrá impedir que se cumpla lo que denunciaron los Sindicatos: cambiar los amigos de Inza por los de Bertellys.
  4. Los nuevos ingresos a la municipalidad, que en algún momento habrán de producirse, se realicen por estricto concurso de méritos y antecedentes, con un Jurado integrado por miembros ajenos a la gestión, adonde se convoque a los 95 cesanteados.

Si todo esto no ocurre, habrá ganado el oportunismo y el resentimiento, a costa de 95 azuleños. Mal comienzo para lo que creíamos una nueva etapa de Azul.

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