Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

nisman

 

 

 

 

Al dolor de la muerte se suma el desconcierto por la incomprensión. Nos preguntamos qué ocurrió, como y por qué sucedió. Muchas veces se simula ineficiencia, para ocultar la complicidad policial o de los servicios. Otras, se averigua rápidamente todo lo que al gobierno le interesa saber.

El gobierno no puede ser ajeno, porque la muerte sobreviene luego de la denuncia penal contra la presidenta, y horas antes de exponer las pruebas en el Congreso de la Nación.

Y es el retorno de lo que suponíamos definitivamente superado, la muerte atada al conflicto político, al ejercicio del poder gubernamental. Y asombra la reacción del gobierno, confundiendo, cuestionando, descalificando a la víctima, nada menos que un fiscal federal integrante de otro poder, llamado constitucionalmente a denunciar e investigar las conductas que la sociedad ha calificado como delitos, sea que provengan de gobernantes o de gobernados.

La presidenta no quiere cumplir su rol, y se actúa como comentarista de los hechos. Deforma la realidad a su antojo, como si fuera una twittera más, desdeñando toda imparcialidad gubernamental para con la investigación. No asume sus obligaciones y responsabilidades, pero utiliza todos los privilegios del poder, aun los que no le corresponden porque son formas de corrupción.

Y no hay contención ni respuesta de los distintos estamentos del estado. Se han desmantelado casi todos los sistemas del control republicano.

Allí está Boudou para reafirmar el desprecio del gobernante hacia la ley, que sigue en su cargo, sin importar el número de procesamientos penales que tenga. Está el Indec, para ratificar que el ocultamiento y la mentira es la forma sistemática de actuación del gobierno, capaz de continuarlo indefinidamente. O está Scioli en campaña con su “ola naranja”, para mostrar que se pueden sustraer fondos públicos ilimitados, con finalidad personal, dinero que escamotea a costa de las necesidades comunes más básicas.

Los esfuerzos argumentales para descalificar la denuncia de Nisman, aún por juristas de nota, pretenden tapar el sol con las manos. Basta conocer las escuchas telefónicas para saber que se negoció impunidad por las muertes de la AMIA. Ya lo había denunciado el recordado Pepe Eliaschev en el año 2011. Si alguno tuvo dudas sinceras de la pista iraní, la presidenta pudo impulsar una investigación independiente con personas calificadas y representación de las víctimas, para ampliar otras pistas posibles. Pero nada de eso se hizo. Está claro que no se pensó en hacer justicia. Y en esto están involucrados los tres poderes. No olvidemos que la investigación por el atentado en la embajada es competencia de la Corte Suprema de Justicia, y parece absurdo que alguno de sus miembros opine, sin disculparse primero porque en esa causa nada se avanzó.

La propia presidenta ha reconocido que el memorándum no tuvo efectos para los intereses comunes de Argentina. No sabemos si algún intermediario obtuvo beneficios personales. Además se lo declaró inconstitucional judicialmente, y tuvo un fuerte repudio tanto de la oposición, como de las organizaciones judías. También se sabe que Néstor Kirchner se opuso a ese mismo pacto con Irán.

Cristina

Como mínimo se le puede reprochar a la presidenta el ir por todo, el seguir adelante sin importarle las consecuencias, por orgullo o táctica política personal. Dejó de lado la búsqueda de la verdad y la justicia, el interés comunitario general y, por supuesto, el de las víctimas del atentado.

Si en algún momento obro de buena fe, no hay dudas que es la insistencia carente de toda finalidad valiosa, la que merece la investigación delictual que impulsó Nisman. Aún hoy se niega a enviarlo al Congreso para su derogación, aunque Irán no lo ratificó.

Tenemos que entender que esos son los costos de la acumulación incontrolada de poder.

Es la concentración en el ejecutivo, reducida a la figura del gobernante, la manipulación de los demás poderes y organismos de control (servicios incluidos), reduce a limites absurdos la división del poder, la responsabilidad de los gobernantes, la información pública y el respeto de la ley.

Es la bajísima calidad de la democracia, limitada al voto, condicionada por prácticas de premios –clientelares– y castigos –persecuciones–, cooptando instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el uso incontrolado de fondos públicos, y manipulación de los medios de comunicación.

Es la concepción disciplinada de algunos partidos políticos. Los que “militan” en el universo “K” están privados de libertad para pensar y expresarse en forma distinta. Deben repetir el dogma de la presidenta para mantener el empleo o el beneficio del que gozan. Para no ser “traidores”. Aunque tengan que aceptar el nombramiento de Milani, la represión de las manifestaciones sociales, el pacto con Irán, o la muerte de Nisman.

Por eso no debemos engañarnos, no es el problema aislado de un gobierno. Es el reflejo de una sociedad autoritaria, que acepta pasivamente la acumulación del poder, y fantasea con que la próxima vez tendrá un gobernante mejor. La falta de democracia participativa se replica en los gobiernos provinciales, municipales, sindicatos, y sociedades civiles. En algunos parece que nunca retornó la democracia.

En otros países, Uruguay por ejemplo, se confía en un poder limitado, en un presidente que se sujete al Congreso, a la Justicia. Entienden que la democracia es un producto colectivo. Comprenden que, tarde o temprano, el gobernante tendrá la tentación de aliarse con los poderes económicos o mediáticos que prometió limitar. Y que, si le dimos todo el poder, ya nadie podrá controlarlo.

Un camino similar tenemos que transitar juntos, pero no esperemos algo mágico. Tenemos la oportunidad como ciudadanos de emitir el voto, desterrando definitivamente los candidatos cuya trayectoria previa expresa esa visión autoritaria.

Pero no vamos a lograr un cambio real si no actuamos también desde lo local, desde cada municipio, para cambiar el país. En cada ciudad, en cada organización social, debemos adoptar prácticas de democracia participativa, respeto de los roles institucionales, y ampliar el sentido social del estado, desterrando su uso clientelar.

Hacía allí va el socialismo en el Frente Amplio Unen. Su lema es: transparencia, participación y solidaridad. Tres palabras que resumen todo lo que es necesario hacer.

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