La imperiosa necesidad de un programa de seguridad democrático y participativo, que abarque los tres tipos de prevención. Que, logre el relacionamiento de la sociedad con la policía y el ministerio fiscal, pero no desde la ingenuidad del halago, sino desde el conocimiento y control comunitario.

Eduardo Victor Lapenta

Partido Socialista de Azul

Publicamos un video en Facebook, adonde se muestra la brutalidad policial en Azul, al detener a un joven de 21 años la madrugada del domingo 30 de mayo. Más de 2900 personas vieron ese video, y 48 personas hicieron comentarios, algunas varias veces. La comunidad se interesa, sabe lo que ocurre, y no tiene canales de participación.

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Esto muestra con claridad la ausencia de una política pública de seguridad, democrática y participativa, adonde el gobierno municipal asuma la responsabilidad de canalizar los problemas para resolverlos.  Precisamente lo que proponemos desde el socialismo.

Hay expresiones de repudio hacia esa forma de actuar de la policía, algunos que dicen haber sufrido lo mismo. Otras son manifestaciones de aprobación y, para justificarse, relacionan el trato brutal con la inseguridad, y creen que está bien que la policía actué de este modo para impedir robos o violaciones ¿? Un remisero amigo, cuyo hijo es policía, me advierte que estoy equivocado, dice que pasó por allí y vio jóvenes tirando baldosas, añade el joven es el autor y la actuación policial está bien. El mismo remisero que se embronca cuando la policía lo coimea en los puestos camineros, es decir, conoce y acepta que no todo lo policial es bueno. Pero nos muestra otra faceta del problema, no fue a declarar a la Fiscalía, a reconocer en rueda de personas al joven imputado. La ciudadanía no es convocada por la policía, ni siquiera cuando son familiares.

Lo que nadie logra explicar es ¿porque motivo tendrían que golpear, a quien ya encontraron y detuvieron? ¿qué ganamos como sociedad con la brutalidad policial?

La policía y la fiscalía son el reflejo de la sociedad, hay buenos y malos, con toda una gama de grises que pueden actuar bien en un caso y mal en otro. Pero no nos alcanza con que sean un reflejo, tienen que ser mejores porque ellos ejercen el poder sancionatorio del estado. Es imperioso que el gobierno municipal ejerza sus potestades y responsabilidades, con un programa de seguridad democrática y participativa.

La actuación policial y judicial

Tirarlo sobre la caja de la camioneta municipal (si, ¡es de la municipalidad!), cayendo con los pies para arriba y la cabeza para abajo, pudo causarle lesiones gravísimas en el cráneo o en la columna vertebral. Por suerte no sucedió.

detencion

Pero no fue lo único, antes lo golpearon con los puños, y después lo mantuvieron doce horas esposado a un banco. La madre concurrió a la Comisaría unas diez veces, luego de ver el video, tratando de saber cuál era el estado de salud de su hijo. Se lo impidieron, y en algunas ocasiones la maltrataron.

Luego, cuando llevaron al joven ante la Fiscal para que declare, no  aceptó que la madre ingresara y pudiera ver como estaba, porque ¡la policía no lo permite! ya que está a cargo de la seguridad de tribunales los fines de semana ¿la policía maneja el acceso a la casa de la justicia? Cuando la Fiscal fue informada que el joven había sido golpeado, dispuso su libertad ¡desde la Comisaría!, adonde la policía lo llevó esposado sabiendo que los había denunciado ¿péguenle de vuelta? Es difícil compartir esa burocratización de la actividad fiscal que, con su pasividad, parece brindar el marco apropiado para que se reiteren delitos. Ya es difícil conseguir que los jóvenes, expuestos a la actuación policial cotidiana, concurran como testigos a la Fiscalía. Con estas experiencias, peor aún.

El delito de daño que le imputan al joven, un abollón al patrullero golpeado por media baldosa (art. 184 inc. 5° del Código Penal), es de menor gravedad que los delitos que habría cometido la policia y que fueron denunciados (aqui la denuncia): a) Lesiones leves agravadas (art. 89, 92 en relación al art. 80 inc. 8° del Código Penal); b) Vejaciones o severidades innecesarias (art. 144 bis inc. 3° del Código Penal); y c) La ilegítima incomunicación del detenido (arts. 143 inc. 3° del Código Penal).

Además, solo dos policías ¿los que lo golpearon? dicen reconocer al joven entre la multitud –una batahola de 150 jóvenes en las cuatro esquinas–, sin que se haya individualizado o convocado a testigos civiles respecto al hecho delictual o de la detención. Muy conveniente. La policía escamoteó la información respecto a la cantidad, porque es casi imposible determinar el autor entre tantos jóvenes ¿el joven es el chivo expiatorio del enfrentamiento?

El joven salía de “Volve Carmela” y en esa vereda no faltan baldosas, y puede verse en las fotografías que la cantidad de baldosas faltantes en la esquina en diagonal, la pinturería, indicaría que fueron muchos y desde otro lugar físico.

(Fotos de la pinturería con el faltante de baldosas, de “Volve Carmela” con vereda impecable y, como referencia, el propio Juzgado Contencioso Administrativo que tambien tiene vereda en mal estado)

Policías ¿víctimas o victimarios?

Parece que estos conflictos se repiten muchos fines de semana, pero no hubo repercusión en medios, excepto la versión del parte policial. Tampoco se enfrenta el problema, desde las áreas competentes del municipio o desde la fiscalía general. Tal vez nos rasguemos las vestiduras o hagamos una manifestación, el día que haya un joven muerto.

La policía en cierto modo es víctima de una enseñanza sesgada adonde la autoridad se identifica con la violencia, tanto en la escuela de policía como en la imitación de lo que hacen sus compañeros más antiguos. Y así como la autoridad en el aula no se logra a los gritos, en la calle no se logra a los golpes, aunque en ambos casos alguna vez sea necesario. No aprendieron otras formas de actuación y, fundamentalmente, no puede reemplazar la ausencia de una política pública municipal. Terminan reduciendo el problema al hecho individual, cual si fuéramos impotentes de asumir una solución integral.

Son jóvenes rebeldes, tal vez ebrios o indignados, no delincuentes habituales, como pretenden afirmar algunos. El gobierno municipal no tiene siquiera el coraje para poner el tema sobre la mesa, para entrevistar a todos –jóvenes, policías y fiscales– tratando de hallar una solución.

Por ejemplo, ¿es necesario habilitar bailables tan grandes, o se podría establecer un tope de 100 personas en cada uno, y que sean varios? ¿la seguridad interna –patovicas– debe ser privada, o podemos generar un sistema con control público? ¿el esparcimiento de los jóvenes debe ser un negocio privado cuya rentabilidad dependa de cuanto alcohol venden, o podemos estimular a clubes y otras asociaciones de bien común para que afronten un desafío mejor? ¿se pueden arreglar las veredas para que al menos no las tiren contra la policía (hasta el Juzgado Contencioso Administrativo tiene veredas rotas)? Las ideas vienen de la comunidad, hay que preguntarles, hay que escucharlos. Ningún Intendente, ningún funcionario, ningún policía o fiscal, tiene el monopolio del saber en materia de seguridad. La democracia nos impone escuchar a todos, y que quienes ejercen una función pública rindan cuentas por lo actuado u omitido, y no podemos admitir que se instalen en la soberbia del poder o del saber.

En otra nota expliqué que hay tres tipos de prevención del delito. Los jóvenes conforman uno de los sectores de la sociedad más necesitados de seguridad, son ellos quienes andan por la calle y lugares públicos, día y noche, quienes sufren robos y abusos. Pero no buscan que la policía los ayude, porque los atemoriza, humilla o golpea. La policía tiene imperiosa necesidad de información que tienen los jóvenes ¿adónde se vende droga, quien tiene cosas robadas?, pero no quieren pedirles ayuda porque son los mismos que atemorizaron la noche anterior. Solo así se explica este y otros enfrentamientos.

Ninguna policía del mundo puede cumplir su función enfrentada con la sociedad. Algo tan obvio como eso.

Conclusiones provisorias

Los que sostienen que la seguridad consiste en más policías, patrulleros, o cámaras de vigilancia, no entienden el problema. Ninguna de las formas de prevención para toda la comunidad, puede desvincularse del apoyo comunitario. Podemos si, solucionar el problema del dueño del banco, o del barrio cerrado, trasladando el delito a otros sectores de la ciudad. Tampoco sirve el reunionismo en un foro de seguridad adonde el gobierno municipal no asume el liderazgo de acciones concretas –conocer, proponer, implementar y evaluar– para satisfacer los problemas de los vecinos.

Hace falta una política pública transformadora de la realidad, que se inserte profundamente en prácticas democráticas y participativas, que conozca y adapte lo que dio resultado en otras ciudades o países en las tres formas de prevención. Y para ello es necesario implementar programas y subprogramas en las tres formas de prevención.

El socialismo es la única fuerza política que lo propone en Azul.

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