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Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

Existe un incremento de la cantidad y gravedad de los delitos, y asi se produce la sensación de inseguridad, por la sustracción de bienes, dinero o efectos personales, en viviendas o en la vía pública. Se junta con la sensación de impotencia, porque para la vida en común hemos renunciado al ejercicio de la fuerza por mano propia, y esperamos que el poder público actúe evitando los delitos, investigando para conocer los culpables, e imponiendo una pena de prisión equivalente a la gravedad del hecho cometido. Pero no sucede. No se previene el delito, no se investiga adecuadamente, y en los casos que se descubre al autor, un conjunto de instrumentos legales les permite –salvo casos gravísimos– continuar en libertad, muchas veces cometiendo otros delitos.

Así la sociedad pide más policías, más patrulleros, más videocámaras, y acepta progresivamente convertir los espacios públicos en lugares de riesgo, adonde mandan los delincuentes o los policías. Un programa de seguridad autoritario. Por falta de ideas, de convicciones o de coraje para implementar otras alternativas, los gobernantes terminan entregando la política pública a los jefes policiales –o a jefes civiles aún más violentos–, que se convierten en los “especialistas” en imponer la “autoridad” como forma de “encauzar” las conductas que ellos consideran antisociales. El resultado es que los ciudadanos, y muy especialmente los jóvenes, pierden la calle y los espacios públicos, y quienes tienen dinero suficiente, deben refugiarse en los espacios privados que se habilitan con finalidad comercial pagando un precio. Una nueva vuelta de tuerca a la profunda desigualdad social y económica. Allí se juntan los negocios con la política, y se olvidan de la gente.

La policía, por convicción o conveniencia, instaura un régimen de temor generalizado dirigido selectivamente a los sectores más pobres y marginados de la sociedad, adonde su limitada capacitación los hace ver la causa de todos los males. Identifica cualquier desarreglo de pobres y jóvenes con el delito (gritos, pintadas, alcohol, etc.), mientras tanto le hace la venia a los sectores poderosos –aunque estén más borrachos–, en otra forma adicional de desigualdad social. La ineficacia despierta la ira de la gente, que termina rompiendo el pacto social, y golpeando o matando delincuentes por propia mano.

El círculo se cierra cuando, en lugar de atrapar culpables, les pega a los inocentes, como ocurrió con Nicolas Tumminaro. Y gobernantes, fiscales y jueces miran para otro lado, porque “es lo que quiere la sociedad, mano dura y orden”.

Tratando de comprender el problema

Es brutal la simplificación que suele expresar la política de este problema. Sabemos que el remedio mal aplicado es peor que la enfermedad. Y así nos va. Vamos perdiendo libertades, calidad de vida comunitaria, esperanza y expectativas, y nada se soluciona.

Hay tres tipos de prevención del delito: a) la prevención situacional (alarmas, rejas, videocámaras, y por extensión, policías y patrulleros que se colocan como macetas en la ciudad, etc.); b) la prevención de las causas (¿porque se cometen los delitos?, como evitarlos); y c) la prevención por la sanción (prevención general, porque todos nos asustamos ante la posibilidad de sufrirla; prevención especial, cuando el condenado sufrió la cárcel).

Por la diversidad de delitos, cada prevención es distinta, y en muchos casos una o más de ellas no funcionan. Los policías y patrulleros no sirven para el delito de violencia familiar, ni evitan la corrupción estatal con sustracción de dinero público. Además, desplazan el delito a otros sectores de la ciudad, los más alejados del centro, los más pobres. La imposición de una pena de prisión no previene a un adicto, que volverá a reincidir salvo que reciba tratamiento y contención social. La prevención por la pena se anula con cárceles degradadas que enseñan el delito y rompen el vínculo familiar. Y podríamos seguir con cada forma delictual.

Un programa de seguridad democrático y participativo, debe poner en marcha acciones en cada uno de los sentidos señalados. Debe apoyarse en la participación comunitaria, formar una red de vínculos entre instituciones, organizaciones de la sociedad y ciudadanos. Implementar mesas barriales coordinadas en un foro más amplio, para detectar los problemas y encontrar en común las soluciones, en una continua retroalimentación que tenga el aporte de las experiencias nacionales e internacionales en esta materia.

La policía democrática y de proximidad, que recomponga la confianza de los vecinos, y muy especialmente los jóvenes, que le pueden aportar la punta del ovillo para aislar, investigar y condenar a los autores de delitos. Por ejemplo, siguiendo la ruta del dinero, porque los elementos robados hay que comercializarlos para obtener la ganancia, a la vez que se alerta a los ciudadanos para que no participen en el encubrimiento comprándolos.

Y la policía debe dar protección a quienes la necesitan, cualquiera sea su condición social. No solo cuidando bancos.

No hay investigación posible cuando la policía y la justicia se alejan de la gente, en ningún lado, en ningún país. Y hay que transparentar lo que hacen, para que los ciudadanos puedan conocer las dificultades y controlar si son reales los esfuerzos que pregonan. Hay experiencias valiosas para conocer y aplicar.

La inseguridad se potencia por conflictividad social, de la violencia, y de las necesidades insatisfechas. Es decir, por una sociedad profundamente desigualitaria, adonde la pobreza o indigencia coexiste con manifestaciones de riqueza absurdas, obscenas, máximo cuando estas últimas no son producto del trabajo y esfuerzo continuado, sino de la especulación, de la prebenda o la corrupción del poder y sus amigos. La decencia e igualdad como propone Margarita Stolbizer, es el camino correcto para mejorar.

Azul, Ciudad Segura, fue un programa municipal de prevención de las causas del delito implementado a partir de 2003, asesorado por la Universidad del Litoral y coordinado inicialmente por nuestra Facultad de Derecho. Se hallaba dirigido a jóvenes de reducida edad en situación de riesgo que se hallaban propensos a cometer delitos. La estrategia fue re vincularlos con la gente, con las instituciones, con su familia, y que aprendieran un oficio, para que recuperaran la posibilidad de vida en sociedad.

Es importante señalar que no se les dio subsidio alguno, sino solo se adquirieron los materiales para que trabajaran. La prueba piloto logró incorporar al programa unos 80 jóvenes, que con apoyo comunitario de personas comprometidas que ayudaban voluntariamente para brindarles espacio y capacitación. Se hicieron dos encuestas de victimización, y se llegó a iniciar un programa de evaluación de la experiencia, pero el gobierno municipal lo descontinuó por la puerta chica, sin explicar ¿por qué? a la comunidad.

Un programa así, que fue la envidia de muchísimas ciudades (la Universidad quiso implementarlo en Tandil), permitía en su fase final que unos 800 jóvenes se integraran en la vida social. Y solo el diez por ciento de ellos hubieran llegado a ser autores habituales de delitos, habríamos evitado la casi totalidad de esas formas delictuales. No hay más de 80 delincuentes habituales en Azul. Podríamos, ahora mismo, evaluar sus resultados, buscando a los jóvenes que participaron en el programa, y averiguando como les fue en la vida.

Ningún pibe nace chorro”, dice una ONG orientada a los jóvenes marginados. Cuanto más uno tiene, menos está dispuesto a perderlo. El reconocimiento, la vinculación social, es un capital inmaterial que el joven adquiere, y que tratará de mantener a toda costa evitando conductas antisociales. Con mayor razón cuando le permitimos vías para obtener, con su esfuerzo y trabajo, bienes materiales como herramientas, un terreno adonde construir su vivienda, etcétera.

Nuestro esfuerzo como comunidad, correctamente orientado por un estado municipal que tenga ideas, convicción, coraje y presencia, es la clave para que Azul sea mejor, para que sea distinto.

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