osca blando

Por Oscar M. Blando
(Director de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe).
Existe una tendencia política a concebir ciertos principios republicanos como opuestos a posturas progresistas e incluso de izquierda. Intentaré –en la brevedad de este espacio- poner en cuestionamiento esa tesis, tomando como referencia a Santa Fe y como marco nacional a otras provincias argentinas. Me apoyaré en algunos parámetros exclusivamente institucionales.
El ideal republicano (y democrático) de la limitación de los mandatos y la periodicidad en el ejercicio de las funciones fue una conquista histórica revolucionaria en contra de los absolutismos que los dictadores de distinto linaje han tratado siempre, en el mundo, de burlar. No encuentro razones para creer que la aspiración a la perpetuidad en el poder aún en democracia, deba ser hoy visualizada como “progresista” y el de la periodicidad, “conservadora”.
Santa Fe junto a Mendoza, son las únicas provincias argentinas que no tienen reelección del gobernador: todas las demás pueden reelegir a sus ejecutivos y en algunas, en forma indefinida: Formosa, Catamarca, Santa Cruz. No es una evidencia que la Formosa de Gildo Isfran que está en el poder ininterrumpidamente mediante elecciones desde 1987 como Vice Gobernador o Gobernador, sea una provincia más progresista e igualitaria que la Santa Fe del Gobernador Antonio Bonfatti. No existe tampoco evidencia que la reelección de Carlos Menem -y su gobierno- a partir de la reforma de la Constitución Nacional o el intento fallido -y rechazado por la Justicia- de Carlos Reutemann de declarar inconstitucional en 1994 el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide la reelección, sean iniciativas más progresistas que el proyecto de reforma constitucional -que perdió estado parlamentario- enviado por el ex Gobernador Hermes Binner que contenía una cláusula expresa que impedía su propia reelección.
Diría más: la periodicidad de los mandatos, entre otras virtudes, tiende a romper la continuidad de pactos, arreglos –y negocios- no siempre respetuosos de la ley y la ética pública e incluso permite desactivar los reconocidos intentos de los poderes fácticos de influir, cuestionar y condicionar a los gobiernos democráticos. Dicho de otra forma: la concentración y la perpetuidad en el poder tienden a favorecer prácticas corruptas (que ciertamente no son progresistas ni de izquierda) que erosionan la legitimidad democrática.
Según el investigador Alberto Föhrig, «los gobernadores son extremadamente poderosos porque no sólo son dueños del poder político, sino del económico y del mediático”. Mayorías parlamentarias amplias y control del poder judicial, son los rasgos institucionales restantes que garantizan un esquema concentratorio del poder en varias provincias argentinas.
Este no es el escenario de Santa Fe y vale ponerlo de relieve: en la Provincia, el actual gobernador no controla ninguna de las dos cámaras legislativas: ambas están mayoritariamente en poder de la oposición y con ello, ésta consigue dominar la Asamblea Legislativa. En nuestra provincia por tanto, ningún juez puede ser nombrado por automáticas mayorías oficialitas sino con el necesario acuerdo de la oposición y ninguna ley puede ser aprobada sin el consenso entre mayorías y minorías. En Santa Fe, por designio constitucional y legal y por mandato popular, hay hoy un equilibro de poderes inédito en el país.
Como es inédita en términos electorales, la incorporación (junto a Córdoba) de un sistema de votación, la boleta única, que implementada con éxito en Santa Fe, trajo no sólo mayor transparencia y equidad en la competencia electoral evitando picardías y posibles fraudes, sino absoluta autonomía al votante que puede elegir entre distintas opciones, según la categorías políticas en juego. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la boleta única, lo que no podrá afirmarse –y no es poco- es que haya sido instaurada por oportunismo político para beneficiar al partido de gobierno: para bien o para mal, por primera vez en la historia institucional de la Provincia, la Cámara de Diputados no pertenece al partido del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y pese a todo, en Santa Fe se gobierna y se avanza en base a consensos y diálogos en épocas de marcada conflictividad y muchas veces, de intolerancia y violencia.
Es cierto -y vale subrayarlo- que con mayorías legislativas más holgadas es posible –y hasta saludable- avanzar y profundizar más rápidamente los proyectos políticos gubernamentales pero en todo caso, siempre es preferible alcanzar aquel objetivo ganando la adhesión mayoritaria del pueblo en las urnas con mejores propuestas y candidatos y no intentar abrazar proyectos concrentatorios, hegemónicos y de perdurabilidad en el poder. Abogo por incluir más democracia a la república y no sacrificar los principios republicanos porque me temo que con ello, tendremos no solo menos república sino menos democracia.
En este sentido y a todo evento, una aclaración: pensar el republicanismo como una ideología retardataria sólo es compatible, como afirma el filósofo argentino Andrés Rosler, con una de sus vertientes: la liberal conservadora nacida en el siglo XIX, (a la que no adscribo), pero el republicanismo de “pura cepa”, nos dice el autor, no sólo está interesado en los derechos individuales sino en la protección de los derechos ciudadanos frente a cualquier clase de dominación, sea de naturaleza política por parte del gobierno como de naturaleza económico-social por parte del mercado o de la sociedad civil. Al discurso republicano genuino le debe interesar combatir toda clase de dominación antes que la defensa del statu quo.
El respeto por la independencia de los poderes y el estado de derecho, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad y la necesidad de la rendición de cuentas de los funcionarios, el permitir el acceso a la información pública, el control político, jurisdiccional y social de los gobernantes, la participación ciudadana y la deliberación pública, plural e inclusiva, no son formalidades anti revolucionarias: son garantías progresistas que conjugan los principios republicanos con los democráticos en la sociedad actual. Ese puñado de principios debiera ser innegociable y tendría que presidir el discurso y los programas de todos los gobiernos: por democráticos y a la vez, por progresistas.