CHISTE 1

Los ex trabajadores de la Curtiembre Piazza, atrapados sin salida. No les pagan. La municipalidad afirma que tienen un interés meramente privado, que debe “subordinarse” al interés público.

Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

Tenemos el desafío de construir una ciudad –y el partido de Azul todo– más participativa, transparente y solidaria. Mejorar la inclusión social, reducir la desigualdad, generar empleo, incrementar la calidad de vida de los azuleños.

A veces es difícil luchar contra la realidad económica y social. Los esfuerzos no alcanzan. Pero otras, como el caso de los ex trabajadores de la Curtiembre Piazza, el problema lo produce el poder político comunal, por su torpe o caprichosa actuación.

Es un gesto dolorosamente insolidario, y lo peor, es que invoca el bien común, pretendiendo ejercer la representación de la voluntad y el interés de todos los azuleños, que seríamos ¡beneficiarios de tamaña decisión!

Les quiero decir a los Dres. Hector Bolpe y Jose Inza, que no me están representando, ni tampoco representan a los integrantes del Partido Socialista de Azul, ni a mis familiares, ni amigos, ni personas que conozco y saben del tema. Ninguno de ellos cree que el bien común de Azul se deba lograr pisando la cabeza a los que menos tienen, aprovechándose de quienes han esperado 16 años -o incluso fallecieron-, y todavía no pueden cobrar las indemnizaciones laborales que legítimamente les corresponden.

Les quiero decir que no es cierto que el interés público se sobreponga al interés privado en nuestro sistema constitucional (Noticias de Azul, “Todos sabemos que el interés público está por encima del interés privado…”), al menos no en el modo que pretenden.

Si así fuera se podría usar los sueldos que el Secretario y el  Intendente deben percibir durante los dos próximos años, para ayudar a personas más carenciadas, y se les entrega su credito a valor nominal en el año 2016. Nadie lo propone. Solo los que menos tienen resultan perjudicados por la “imaginación” gubernamental.

El principio de igualdad en las cargas públicas, art. 16 de la Constitución Nacional, prohíbe lograr fines públicos imponiendo un esfuerzo patrimonial mayor al afectado –la lesión especial–, que al resto de la población. De allí que esté prohibida la confiscación de bienes. Y si el estado precisa un bien o un derecho, lo expropia como establece el art. 17, para lo cual debe declararlo de interés público e ¡indemnizarlo previamente!

Y también les quiero decir, que tengo dudas que incorporar un inmueble en el patrimonio del municipio, sea un instrumento idóneo para mejorar la calidad de vida de los azuleños, porque estando el mismo Doctor Héctor Bolpe de Secretario General de la municipalidad, las autoridades del ex Club Social de Azul le donaron su sede, con el compromiso de recuperarla para el uso público, y 16 años más tarde sigue siendo una tapera. Pasaron varias gestiones.

La municipalidad ofreció $ 4.700.000 en mayo de 2013, que luego no concretó invalidando el proceso de compra. En diciembre de 2013 licitó por $ 3.525.000, redujo en más de un millón su oferta –teniendo disponible un crédito de $ 10.000.000–, lo que demuestra que ya en ese momento los funcionarios municipales especularon, aprovechándose de los ex trabajadores. Tenía una autorización del Concejo Deliberante para comprar, y el Intendente –especulando– fracasó en su intento porque ofreció un importe insuficiente. Cumplió de forma deficiente el mandato encomendado, y no logro el resultado. Entonces se encaprichó impugnando ante el Juez, apelando ante la Cámara, y ambos le denegaron su pretensión.

Ni el juez ni los camaristas son insensibles al bien común de los azuleños. Sencillamente, la ley les impone rechazar una oferta menor, porque la municipalidad está actuando como persona de derecho privado, en las mismas condiciones que cualquier oferente.

No conforme con ese resultado, la municipalidad interpuso un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia. De estos recursos, menos del uno por ciento tiene resultado favorable, y la sentencia demora entre dos y cinco años. Mientras tanto el predio sigue abandonado.

En otras palabras, casi no hay probabilidad de una decisión favorable. ¿Qué sucede si la decisión es desfavorable, si se rechaza el recurso extraordinario? El empresario privado adjudicado tendrá un cuantioso beneficio, porque abonará –cuando el Superior Tribunal resuelva–, el mismo precio de $ 3.526.000, en moneda desvalorizada. Equivalen a menos de U$S 300.000 al valor dólar blue actual.

Naturalmente, los ex trabajadores demoraran en percibir sus créditos, el monto es insuficiente para cubrirlos, y lo que reciban en moneda devaluada tendrá cada vez menos poder adquisitivo. Una decisión municipal absurda, porque enreda a quienes menos tienen, en un capricho estéril.

La municipalidad tiene distintas alternativas para evitar el perjuicio a los ex trabajadores. Por ejemplo, podría pagarle sus créditos laborales y subrogarse en sus derechos.

Pero la solución correcta es actuar como persona de derecho público, aprobando la ordenanza de expropiación del derecho del adjudicatario sobre el inmueble de la ex Curtiembre Piazza, que requiere convalidación provincial. De este modo la municipalidad se asegura de obtener el inmueble de inmediato. Con el remanente superior a un millón de pesos, entre el ofrecimiento inicial y el valor expropiatorio, el Concejo Deliberante debería otorgar subsidios a cada uno de los ex trabajadores –o sus familiares cuando han fallecido– para compensarles el perjuicio ocasionado por el accionar municipal.

En una nota del 11 de septiembre de 2013, publicada en el Diario El Tiempo, denuncié la absurda actuación de la municipalidad, y confiamos en que el Concejo Deliberante pusiera las cosas en su lugar.

Pero hoy, luego de las últimas devaluaciones, tenemos el deber cívico de promover la expropiación, porque en caso contrario, merced a la actuación errónea de la municipalidad, estaríamos convalidando la adquisición a precio vil por parte del adjudicatario.

El Partido Socialista de Azul está dispuesto a presentar una Ordenanza en este sentido, por intermedio de su Concejal Erica Torena, recientemente electa.

Esperamos que la comunidad apoye la propuesta, y que reaccione rechazando la gestión municipal en este asunto en que, no solo le pisan la cabeza a los que menos tienen, sino que afirman que todos somos cómplices porque nos beneficiamos juntos perjudicando a nuestros vecinos.

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