EMPEZANDO POR EL PRINCIPIO: LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Sin un régimen que garantice el ingreso y ascenso por concurso, que asegure la carrera administrativa, que evite la vulnerabilidad del empleado temporario, o los traslados, persecuciones y violencia laboral, jamás tendremos la ciudad que queremos.

 Eduardo Victor LapentaChiste Quino Aumento salarial

Partido Socialista de Azul

Nos debemos una ciudad distinta, más participativa, transparente, inclusiva y solidaria. Que brinde oportunidades para todos. Una “ciudad educadora”, que en cada decisión colectiva sea una enseñanza de convivencia.

Una organización, pública o privada, tiene la potencialidad de las personas que la integran. Son el soporte básico. Luego, hay que ver las relaciones de mando internas, el sistema de premios y castigos, los cauces para asegurar la capacitación continua, los procedimientos organizacionales de actuación, etcétera.

La Municipalidad de Azul tiene más de 1500 empleados, que cumplen los más diversos oficios, agrupados en escalafones y jerarquías. Cada potestad que los habitantes hemos cedido a la comuna, depende de la idoneidad, iniciativa, creatividad, equilibrio, honestidad, conocimientos y experiencia de sus empleados y funcionarios. El desarrollo de la ciudad (y del partido), el diseño e implementación de políticas públicas, la prestación de servicios, los espacios crecientes de participación, la atención de los grupos vulnerables, etcétera. Todo depende de ellos. Los empleados municipales son la gran herramienta del gobierno local.

Todos, absolutamente todos, somos beneficiados o perjudicados por la actuación del personal municipal. Es razonable, entonces, esperar que sean designados los más idóneos, que sean ascendidos los más capaces, que se implementen premios para quiénes se esfuerzan en mayor medida, castigos para los peores, que el municipio implemente formas de capacitación frente a complejidades crecientes en el desempeño de las funciones públicas, en la promoción de los derechos humanos, en la atención y solución de problemas de los que menos tienen.

Hay una idea generalizada de que en la empresa privada el dueño hace lo que quiere. Puede poner o sacar personal –indemnizándolo–, pero tiene un límite infranqueable: la rentabilidad. Las decisiones que adopte deben siempre asegurar la satisfacción de sus clientes en los servicios o productos, porque las pérdidas lo llevan a la quiebra. Las malas decisiones recaen sobre su propio patrimonio.

En la administración pública no hay rentabilidad porque cada gasto adicional se cubre con mayores tributos, el perjuicio patrimonial lo pagamos entre todos, y no hay posibilidad de una quiebra colectiva. El límite de los gobernantes debería ser, entonces, la responsabilidad política, administrativa y civil. Pero para hacerla efectiva, debería existir un control de gestión –como hay en otros países– que compare los objetivos y metas proyectados en cada período anual, con la cantidad y calidad de los resultados logrados. El gobierno comunal no fija objetivos ni metas. Tampoco existe un control de gestión posterior, del que pueda concluirse la falta de idoneidad o contracción al trabajo de un funcionario, o de quién lo designó, o dimensionar el perjuicio ocasionado por mal desempeño, al patrimonio común de Azul. Mucho menos sancionar la actuación desviada o discriminatoria para con el ciudadano.

Pero en la administración comunal, existen otros instrumentos constitucionales para asegurar que el plantel de empleados públicos sea el mejor posible. Por una parte, es constitucionalmente exigible la “idoneidad” del empleado público (art. 16 de la Constitución Nacional). Una vez designado adquiere la “estabilidad del empleado público” (art. 14 bis), y se incorpora a una carrera administrativa “con las siguientes bases: acceso por idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e incompatibilidades” (art. 104 inc. 12° de la Constitución Provincial).

A veces se cree, equivocadamente, que estas normas tienen como finalidad establecer privilegios de los empleados o funcionarios públicos, de los que no gozan los trabajadores del sector privado. No es así.

Existe un fundamento de interés común para proteger al empleado público. La Constitución quiere que cumpla la ley, aun cuando le ordenen hacer algo distinto. Y el gobernante tiene la posibilidad de insistir, que permite hacer cumplir la orden, pero bajo la exclusiva responsabilidad de quien la imparte. De este modo se pretende evitar la ilegalidad, por ejemplo, que se discrimine a los azuleños según su pertenencia partidaria o su actitud respecto del gobierno. El empleado debe mantenerse imparcial frente a los conflictos políticos, cumpliendo los deberes de veracidad, legalidad y eficacia. Por ello se lo protege impidiendo el despido sin sumario previo, adonde podrá defenderse de cualquier infracción disciplinaria que se le impute.

La igualdad permite que todos podemos acceder a un cargo público mediante un concurso con el que se selecciona al más idóneo, y una vez designado, tiene el estímulo del esfuerzo y capacitación, que le permite ascender a cargos de mayor responsabilidad y remuneración.

Cuando no hay concurso para el ingreso, se desanima a los jóvenes azuleños con la lección de que es mejor el acomodo, que el estudio o el esfuerzo. A quienes ya son empleados públicos, se les transmite que es inútil esforzarse porque con cada nuevo gobierno municipal ingresarán personas con menor capacidad y sin experiencia, que ocuparán mejores cargos y recibirán mayores sueldos, sin permitirles concursar. Y, como no saben, les molesta tener como subordinados a personas que lo superan en todos los planos.

A los que aún pretendan actuar conforme a la ley, o se quejen por ser postergados, o quieran mantener la transparencia en su accionar brindando información, habrá una gama de persecuciones disponibles o, incluso, de violencia laboral explícita. Los empleados municipales, postergados, apartados de su función, o presionados, se refugiarán en la indiferencia, en la inactividad, o en el tratamiento psicológico. Será inútil tanto empleado si se canceló la iniciativa y la creatividad, si se desmoronó el esfuerzo, el interés por superarse, y la disposición para atender, escuchar y brindar servicios.

Los azuleños sabremos que toda decisión municipal estará cruzada por un minucioso examen de adhesión al gobierno de turno. No habrá proveedor o contratista municipal que pueda seguir, sin manifestarse públicamente a favor. Las prioridades de pago se harán según el listado de amistad personal o política. Será difícil obtener el más simple trámite comunal, para quién haya osado manifestarse en contra, o pedir explicaciones por lo actuado municipalmente, o reclamar información pública. También los beneficios sociales, subsidios para las organizaciones comunitarias, o cualquier otro estímulo comunal, estarán direccionados con análogos criterios. Mucho menos obtener publicidad oficial para los medios que no hicieron culto de obsecuencia. Podríamos seguir, pero cada lector lo completará con su propia imaginación o experiencia.

No es algo inevitable, como una enfermedad o una plaga, sencillamente tenemos que proponernos cambiarlo. Sin un régimen de empleo municipal que garantice el ingreso y ascenso por concurso, que asegure la carrera administrativa, que evite la vulnerabilidad del empleado merced a contratos temporarios, traslados, persecuciones y violencia laboral, jamás tendremos una ciudad distinta. Es ese el desafío inicial. Y debemos comprenderlo.

El Partido Socialista de Azul va a presentar por intermedio de su Concejal Erica Torena –como lo prometió durante la campaña electoral–, un proyecto de Ordenanza municipal regulando la carrera administrativa de los empleados municipales, en los aspectos ya señalados.

Necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad para lograr que se apruebe.

Pin It on Pinterest

Share This
Subscribete al Newsletter

Subscribete al Newsletter

 

Únete a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias.

¡Te has suscripto correctamente! Gracias