Proyecto de Ordenanza Declarando la Emergencia del Empleo Público Municipal

Chiste-Elizalde-Reforma2

Azul, 10 de abril de 2014

Presidente del Concejo Deliberante

del Partido de Azul

Sr. José María Cordeviola

S                   /                    D

 

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Concejal del Bloque Socialista a efectos de la consideración por parte del Honorable cuerpo que preside el siguiente

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO la crítica situación en el empleo público municipal, a través de decisiones teñidas de ilegalidad, arbitrariedad, desigualdad e insolidaridad, en forma sistemática, que se han podido conocer a partir del análisis de la liquidación de haberes –solicitada mediante Pedido de Informes–, para tratar el Decreto elevado por el Departamento Ejecutivo, en el que se establece una nueva escala salarial para el personal político, otorgándole incrementos sustancialmente menores a los trabajadores municipales del Partido de Azul,  y;

CONSIDERANDO

1. Que el ingreso de Concejales del Partido Socialista en el H. Concejo Deliberante tiene y tendrá como objetivos fundamentales: a) la igualdad; b) la superación de la sociedad de clases, reduciendo las desigualdades económicas y sociales; c) un estado social y democrático de derecho, que asegure la inclusión de todos, la personalización, y el pleno ejercicio de la ciudadanía; d) la seguridad social y humana para todas las personas; y e) el predominio de las decisiones políticas democráticas participativas, frente al poder de la gran propiedad y de los mercados.

Que es un partido formado por trabajadores, que procura el mejoramiento de los trabajadores, en actividad o pasivos, con empleo o desocupados.

2. Que los empleados y funcionarios municipales de planta son nuestros trabajadores, de toda la comunidad, porque les pagamos con los tributos, y votamos para elegir el Intendente que será su jefe. Pretendemos que hagan su trabajo de forma idónea, y que cumplan con la ley. No son empleados del Intendente electo, aunque éste pueda darles órdenes.

Que la dignidad del ser humano, y su personalización, es el sentido último de toda organización social. Ninguna organización es mejor que la gente que la compone, tampoco el Municipio, pero puede ser peor cuando permitimos que avance la desigualdad, la arbitrariedad, la insolidaridad, o los forzamos al desaliento, por las condiciones de trabajo o remuneratorias.

Las decisiones principales para asegurar la estabilidad (art. 14 bis de la Constitución Nacional), la carrera administrativa (art. 103, inc.12 “carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e incompatibilidades” de la Constitución bonaerense), son políticas de estado que trascienden al gobernante de turno, y deben tomarse mediante instrumentos de democracia participativa, porque afectan al conjunto de la comunidad.

Que la actual política municipal en materia de empleo público es errática, inconsulta, desigual, ilegítima, insolidaria y contraria al interés común. Es imposible ingresar, retener y estimular, personas valiosas en estas condiciones de trabajo.

3. Que el Intendente Municipal ha elevado a este H. Concejo Deliberante, el Decreto n°416/2014 , disponiendo el incremento de las remuneraciones de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo, con porcentajes que superan el cincuenta por ciento (50%) para los Secretarios, duplicando el porcentaje de incremento otorgado al personal de planta.

Que la escala salarial propuesta amplía cada vez más la desigualdad entre el personal de planta y el personal político de la comuna. Así puede verificarse que la remuneración del Secretario, medida en cantidad de sueldos de la categoría más baja (Servicios V), que en abril de 2012 ascendía a seis con  (6,54), pasando en enero de 2014 a siete con cero siete (7,07), y en el mes de julio de 2014 a siete con catorce (7,14).

Que una parte de la planta de personal tiene una remuneración básica inferior al salario mínimo, vital y móvil garantizado constitucionalmente (art. 14 bis de la Constitución Nacional, art. 140 ley 24.013), que a partir de enero de 2014 asciende a la suma de $ 3600.

Que son los funcionarios políticos quienes tienen el deber y la responsabilidad de obtener los ingresos públicos, para fijar remuneraciones acordes con la dignidad de los empleados y funcionarios municipales, en lugar de asignar esos fondos en su propio beneficio.

Que esa conducta está reñida con la austeridad republicana que consagra el art. 2 inc. “b” de la Ley de Ética Pública nº 25.188, y se deriva como un postulado ético de nuestro régimen constitucional.

4. Que la Municipalidad abonó, en febrero de 2014, remuneraciones a 1734 agentes, que insumen 13 millones de pesos mensuales. Con casi la misma población total, y escasos servicios menos, la Municipalidad tenía 800 empleados hace veinte años atrás.

Que esta gestión ha ingresado 390 empleados de planta –excluidos funcionarios políticos–, desde diciembre de 2011 a febrero de 2014 inclusive. Uno cada dos días. Muchos de ellos en régimen de 48 horas alterno.

Que el ingreso en masa de personal, se realizó sin concurso o selección alguna, violando el derecho de igualdad constitucional (art. 16 de la Constitución Nacional y art.  4° de la Ley 11.757). De acuerdo a manifestaciones del personal municipal, en algunos casos se habrían infringido, además, las normas de inhabilidad (art. 5 inc. “b” de la Ley 11.757), y del título específico requerido para ingresar al escalafón administrativo o docente.

Que de este modo se instala el desánimo, y el desinterés, porque se posterga sistemáticamente, tanto a los jóvenes que se han capacitado para desempeñarse en la función pública, cursando y concluyendo carreras terciarias y universitarias, como a otras personas que –con conocimiento o experiencia– están en situación de desempleo. El Intendente a su sola voluntad, y contrariando todos los principios y normas jurídicas, se arroga el poder ilimitado de designar, según criterios que ni siquiera explica, a todo el personal que se le antoja, asignándole la categoría y remuneración que se le ocurre.

Que tampoco se ha implementado un programa para asegurar el ingreso de discapacitados, incumpliendo el cupo del 4% establecido por la ley (art. 8° Ley 10.592).

Que los nuevos empleados insumen remuneraciones superiores a 2 millones mensuales, pese a que muchos empleados, que ingresaron con anterioridad, tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza.

Que el Partido Socialista no se opone al crecimiento del estado municipal, siempre que: a) ingresen por concurso, b) se le confieran tareas reales y necesarias; c) tengan condiciones dignas de remuneración y trabajo; y d) quede presupuesto suficiente para cumplir con las funciones municipales.

5. Que la desigualdad es brutal. La exclusión, también. Nada menos que 228 empleados, es decir, familias, tienen una remuneración nominal inferior al salario mínimo, vital y móvil de $ 3600 mensuales.

Que los mejores 20 sueldos municipales dan un promedio de $ 28.310,00. Los peores 20 sueldos municipales arrojan un promedio de $ 1617,34. La diferencia es abismal, $ 26.638,00 entre los mejores y peores pagos. Hacen falta 17,5 sueldos bajos para pagar un solo sueldo alto.

Que la Municipalidad tiene hoy 50 empleados “destajistas”, cuya remuneración mensual es de $ 1588, en un régimen de 25 horas semanales. Ellos quieren trabajar más horas, tener un sueldo digno, pero la Municipalidad no los deja. No es un problema del régimen horario, porque si se proyectara el régimen horario a la jornada completa municipal (7 horas diarias, 35 horas semanales) percibirían  una remuneración de $ 2223,20, muy por debajo del mínimo vital y móvil.

Que no es un problema de insuficiencia de recursos presupuestarios, sino de pésima distribución, porque el promedio de remuneración mensual en la Municipalidad de Azul es de $ 7500, mientras que el promedio de remuneración nacional es de $ 6500 según información reciente del INDEC. No hay justificativo alguno para tener personal por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es obligatorio para la comuna (art. 14 bis de la Constitución Nacional).

Que esa insolidaridad sistemática es una regla que preside otras decisiones. El intento de incrementar las remuneraciones del personal político –Secretarios– el doble que al personal de planta, es una muestra. Lo mismo ocurre al dejar por debajo del salario mínimo, vital y móvil, a un 15% de los empleados. También es arbitraria e insolidaria la asignación de tareas extraordinarias, que suman un 16% del total de la masa salarial. Pero al desagregar, resulta que el 65% de los integrantes del escalafón obrero reciben importes superiores a $ 1000 en concepto de tareas extraordinarias, y suman un importe equivalente al 40 % de las remuneraciones normales de todo el personal del escalafón.

Que, sin embargo, hay 50 destajistas que cobran $ 1588 mensuales, por un horario de 25 horas semanales, a quienes no se les asigna tareas extraordinarias. En lugar de reducir desigualdades económicas y sociales, se las profundiza.

6. Que además de los escalafones y categorías, se han implementado distintos “regímenes laborales” horarios y adicionales por “función” o “ext. Laboral”, otorgándolos acumulativamente, que han desnaturalizado los derechos del empleado municipal.

Que el sistema es confuso, y permite al Intendente de turno le asigne a cada empleado un monto salarial, usualmente en forma arbitraria, violando los derechos de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis de la Constitución Nacional).

Que se asigne a los empleados un régimen de horario semanal de 35, 40, 42, 45, o 48 horas, de dudoso cumplimiento en los rangos de mayores horarios para algunos escalafones y actividades. Por ejemplo, un administrativo o algunos profesionales, que revistan en 48 horas semanales, encontrarán la municipalidad cerrada fuera del horario administrativo, y también los días sábados.

Que, además, se puede asignar horario corrido u horario alternado, con incremento sustancial del básico, que se incrementa el 45% respecto a la jornada normal de 35 horas, en el caso del agente que revista en “48 semanales alternas”, mientras solo asume un 37% adicional de carga horaria. Esa diferencia originalmente prevista para los Inspectores, que debían controlar en horario nocturno o fines de semana, se ha desnaturalizado con la utilización generalizada, y parece asignarse al menos en parte de los casos, como un sobresueldo de favor por el funcionario de turno.

Que, contrariamente, los agentes que se desempeñan en “48 horas corridas” tienen una remuneración adicional del 25%, y una carga horaria mayor del 37%, y cobran lo mismo que quienes están encuadrados en el régimen de “42 horas alternas”.

Que toda la distorsión de régimen de empleo es un despropósito. Basta la asignación de horarios o función para superar toda la escala de categorías, que tiene muy escasa diferencia en todo su desarrollo. Por ejemplo, en el escalafón administrativo, pasar de una categoría V a una categoría IV, representa $ 55 mensuales de remuneración adicional. De este modo se suprime todo estímulo de capacitación para el ascenso, y se obliga a los agentes a “arrimarse al poder” para obtener otros adicionales más sustanciosos en términos remuneratorios.

7. Que los ascensos a las categorías superiores del escalafón se otorgan sin concurso, y muchas veces de modo igualmente arbitrario. Durante la actual gestión es habitual que ingresen directamente en las categorías I y II, en las más altas del escalafón, a las cuales, otros empleados de planta con 30 años de antigüedad, no hay logrado acceder.

Que durante la actual gestión, violando el art. 4° de la Ley 11.757, el Intendente ha designado en el Escalafón Servicios, 4 agentes en Categoría I; en el Administrativo, 8 agentes en Categorías I y II; en el Técnico, 2 agentes en Categoría I; en el Profesional,  6 agentes en Categoría I; y en el de Docentes, 13 agentes en Categoría I. Además, a  quienes se los ha ingresado en categorías más bajas del Escalafón, se les abona muchas veces, una función o extensión laboral, otorgándoles remuneraciones más altas que sus compañeros, aunque tengan la máxima categoría y 30 años de antigüedad.

Que de este modo se ha conculcado el derecho a la carrera administrativa (art. 103, inc.12 de la Constitución bonaerense y art. 25 de la Ley 11.757), que le aseguran a cada agente “derecho a igualdad de oportunidades para optar a cubrir cada uno de los niveles y jerarquías previstos”, “sobre la base del régimen de evaluaciones de aptitudes, antecedentes, capacitación, concurso”.

8. Que esta verdadera destrucción de la carrera administrativa (art. 103, inc.12 de la Constitución bonaerense), no revierte en mejor servicio para la comunidad. Por ejemplo, en el Escalafón Administrativo el 72,50 % de los empleados (261 del total de 360 agentes) se desempeñan en régimen horario de 40 horas o más, de los cuales 233 agentes tiene un régimen horario que les impone trabajar el día sábado (42/45/48 horas), sin que se haya extendido el horario de atención al público.

Que tampoco se advierte beneficio con el ingreso masivo de agentes. Por ejemplo, en los dos años de esta gestión han ingresado 96 empleados en el Escalafón Administrativo, es decir, un 36% más de los que había en 2011, totalizando ahora 360 administrativos. Es difícil creer que existan –siquiera– tareas para asignarles. Más probable es que se esté cumpliendo el principio de los rendimientos decrecientes, más personal, menos resultados, menos eficiencia.

Que es necesario auditar el efectivo cumplimiento porque, si se otorgó el horario adicional como sobresueldo, corresponde extender el beneficio a los demás agentes, según el principio de igual remuneración por igual tarea.

Igualmente habrá que analizar una bonificación adicional para quienes lo cumplen efectivamente.

El régimen horario es un derecho adquirido del agente. Las condiciones efectivas de trabajo, también. Las remuneraciones básicas son tan bajas, que es razonable incorporar esos adicionales al básico, pero en condiciones de igualdad para todos (art. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional).

Que, si por el contrario, ese horario se estuviera cumpliendo por todos los agentes –lo que resulta incrédulo– habría igualmente discriminación indebida en la adjudicación del régimen horario.

Que esta grave situación solo puede resolverse confiriendo derecho irrestricto a todos los trabajadores municipales, para que elijan el régimen horario en el que quieren desempeñarse, lo que sería obligatorio, siempre que haya otros que lo cumplen en su área y escalafón.

Que lo mismo ocurre con el otorgamiento de extensión extra laboral (art. 12 inc. “c” Ley 11.757), en montos equivalentes a la remuneración básica percibida, cuando el agente está designado en un régimen horario de 48 horas alterno. La extensión extra laboral es sustitutiva del régimen de horas extras, y  jamás puede tener como remuneración lo que equivaldría al sueldo de otro empleado. Es materialmente imposible que el beneficiario cumpla 96 horas semanales y, además, está prohibida la jornada superior a 9 horas diarias (art. 12 inc. “d”). Resulta evidente la irregularidad.

Que otras veces se utiliza esa extensión extra laboral como compensatoria de una designación en planta política o asimilado, lo que nuevamente es irregular.

9. Que a ello cabe añadir los problemas de público conocimiento en materia de empleados municipales, con cesantías de personal provisorio, episodios de violencia laboral, traslados y asignación de tareas en forma arbitrarias, etcétera. Al menos dos episodios de violencia laboral concreta ocurridos durante esta gestión, han sido reconocidos por la Justicia, en sendas denuncias penales.

10. Que la inestabilidad laboral, sin pasar a planta permanente a los agentes que cumplen 12 meses desde su designación, además de afectar la dignidad personal, los torna débiles frente a los funcionarios políticos para hacer cumplir la ley. Se infringe lo dispuesto en el art. 7 de la ley 11.757, que establece la estabilidad automática del del agente a los doce (12) meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente.

Que la utilización simulada de figuras previstas en la ley para supuestos excepcionales de personal transitorio (contratados, destajistas), cuando los agentes cumplen tareas permanentes, han dado lugar a numerosas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas Madorrán, Ramos, Cerigliano, entre otros) declarando la ilegitimidad del accionar administrativo. Lo propio han resuelto los tribunales provinciales (causa Acosta, etc.).

Que la estabilidad en el empleo público, no es un privilegio del empleado sino un sistema de control establecido por la Constitución Nacional, para asegurar la legalidad y evitar la discriminación, frente a las órdenes de los funcionarios superiores. Es el reaseguro del estado de derecho, de la república frente a la eventualidad del ejercicio del poder desviado, frente a la corrupción.

Que, como contrapartida, la Ley 11.757 le confiere al funcionario el derecho de insistencia, pudiendo hacer cumplir su orden –ahora por escrito– (art. 59 inc. “b”), bajo responsabilidad exclusiva de quien la imparte.

Que la ausencia de estabilidad, u otras formas de manipulación de la voluntad del empleado público, se expresan en desmedro de la ciudadanía que necesita de la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las funciones y prestación de los servicios. La desigualdad de trato, e incluso la discriminación por motivos políticos, es el riesgo de una condición de empleo signada sin límites al poder.

11. Que la ilegítima ampliación de la planta política a cargos excluidos por el art. 2 inc. “a” de la Ley 11.757, como los denominados Coordinadores, o los Directores –que en su mayor parte eran funcionarios con estabilidad al momento de dictarse la ley–, impiden tener una planta permanente capacitada para gestionar de forma idónea y eficiente el conjunto de actividades del municipio.

La Carta Iberoamericana de la Función Pública –a la que ha adherido nuestro país– recomienda que las funciones ejecutivas se concursen entre los empleados de planta, con una duración de cinco (5) años, y que no haya una diferencia remuneratoria muy alta entre la máxima categoría del escalafón, y el cargo de Director.

Que ello es especialmente importante en municipalidades de mediana o pequeña dimensión, porque la utilización de los cargos en forma política, excluye de la carrera administrativa puestos esenciales para mantener un funcionamiento eficaz del gobierno municipal. Sea por la rotación de personas, por la demora en el proceso de aprendizaje, por los errores que conlleva aprender, o por las exigencias políticas que le restan tiempo para el ejercicio de la función cotidiana, la sustitución del funcionario de planta por un funcionario político, usualmente implica desmedro en la actividad del municipio.

Que el crecimiento desmedido de la planta política –con remuneraciones elevadas– también detrae recursos presupuestarios de otras necesidades de la comunidad, que debe satisfacer el municipio.

Que parece razonable establecer un límite presupuestario para la planta política, del tres por ciento (3%) del gasto total en personal, a la vez que un límite de funcionarios acorde con la realidad municipal. Por ejemplo, 6 secretarios y 12 subsecretarios, delegados y secretario privado, conforme el art. 2 de la ley 11.757. Las Direcciones de los Hospitales deberían ser concursadas, por el plazo de cinco (5) años.

12. Que nuestro país ha suscripto la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y este gobierno nacional creó el Consejo Federal de la Función Pública, que realizó Asambleas a partir del año 2006, produciendo documentos diagnósticos (Relación de empleo público en la provincia de Buenos Aires, 2006), y de implementación (Principios y recomendaciones para una carrera profesional administrativa, Mendoza 2006).

Que existen documentos específicos para la adecuación (Metodología para el Diagnóstico de Implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, CLAD, 2010).

Que en el H. Concejo Deliberante, se trató un proyecto de Ordenanza aproximadamente en el año 2011, modificando aspectos sustanciales de la Carrera Administrativa municipal, tratamiento que no llegó a la votación. Proyecto en el que había trabajado personal de planta de la Municipalidad, entre ellos la Contaduría General.

Que recientemente mediante la Ley 26.861 se ha asegurado el “Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación”, principios y metodología, que debe ser receptadas en el ámbito municipal.

Que conforme a ello se deben incorporarse los principios constitucionales, legales y de buen gobierno municipal, que habrán de seguirse en la elaboración de la Ordenanza necesaria para recomponer la planta municipal, y establecer los controles necesarios para el Departamento Ejecutivo cumpla, irrestrictamente, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y la Ley 11.757, en relación al empleo Público Municipal.

Que dada la urgencia provocada por el Departamento Ejecutivo al dictar e ingresar para la convalidación de este H. Concejo Deliberante, una escala remuneratoria injusta e insolidaria, para favorecer a los funcionarios políticos con incrementos superiores al personal de planta, el Bloque del Partido Socialista de Azul ha marcado lineamientos que derivan de las normas y consideraciones antes explicadas, y elaborado en una escala salarial tentativa.

Que la propuesta de una escala salarial para los funcionarios políticos y el personal de planta, distinta a la elevada por el Departamento Ejecutivo, requiere una evaluación concreta del impacto presupuestario, y podrá ser financiada con los recursos ordinarios del municipio, reasignando las erogaciones en la exagerada planta de personal político, o suprimiendo algunos gastos innecesarios, por ejemplo, parte del gasto en propaganda.

Que el proyecto de Ordenanza debe contener límites porcentuales concretos: a) remuneración básica mínima, no inferior al salario mínimo, vital y móvil; b) diferencia porcentual máxima entre la mayor y peor remuneración básica; c) porcentualidad del régimen horario prolongado, no inferior al incremento de horas laboradas; d) incremento porcentual entre la categoría menor y la mayor de cada escalafón; e) incremento porcentual por funciones directivas al personal de planta; y, f) porcentual máximo sobre el total de los egresos por personal, y cantidad de cargos, para la planta política municipal.

Que el Proyecto de Ordenanza debe ser superador, incorporando los derechos adquiridos de los agentes, generalizando beneficios a todos los agentes, y convirtiendo –si así se determinara– el régimen horario en básicos aumentados, dentro de un criterio de igualdad ante la ley.

Que pese a las disposiciones de la Ley 11.757, de dudosa constitucionalidad, el Departamento Ejecutivo no ha reglamentado de forma general y objetiva, el sistema de concursos para el ingreso, ni de adicionales remuneratorios, utilizando la discrecionalidad como arbitrariedad, incurriendo en ilegitimidad, e incluso, soslayando premisas elementales de igualdad y solidaridad. Todo ello lo excluye como órgano legitimado para regular los aspectos del régimen de empleo público, que motivan esta Ordenanza.

13. Que la infracción de las normas indicadas impone efectuar la denuncia al H. Tribunal de Cuentas, para que la Delegación local realice el estudio o auditoría necesarios para determinar con precisión las infracciones legales a las normas legales señaladas, que establecen el ingreso por concurso en la categoría inferior, la estabilidad con el pase a planta a los 12 meses, el otorgamiento de mayor categoría dentro del escalafón sin concurso, la asignación de régimen horario especial que presumiblemente no se cumple en gran parte de los casos, la extensión extra laboral de tareas a empleados que cumplen régimen de 48 horas alterno, la utilización ilegítima de formas de trabajo temporario (contratados, destajistas), posible incorporación de personal en violación a las normas de inhabilidad o carencia del título necesario para ingresar al escalafón, etcétera.

Que conforme lo dispuesto por la Ley  10.869 y modificatorias, que establece como atribuciones de la Delegación (art. 19), “Estudiar y dictaminar sobre los estados de ejecución de la Planta de Personal” (art. 21 inc. “a”), pudiendo realizar las inspecciones y auditorías en las oficinas y demás dependencias de la administración municipal y elevar sus resultados al Tribunal de Cuentas, quien a su vez notificará al responsable del órgano municipal que correspondiere (art. 21 inc. “b”).

Que las atribuciones del H. Tribunal de Cuentas se refieren, exclusivamente, a la legalidad de los actos y conductas en examen, porque  “Todo acto de inversión de fondos ejecutado el margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas, lleva implícita la presunción de perjuicio. La prueba en contrario corresponde personal y directamente al funcionario. Si éste no la aportara, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por sus propios medios y dictar sentencia sobre la base de lo actuado” (art. 244 Ley Orgánica de Municipalidades).

Que el H. Tribunal de Cuentas no puede expedirse sobre “cuestiones de oportunidad, conveniencia y eficacia de los actos que le dieron origen” (art. 42), que deben regirse por normas generales que aseguren la igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional), y son materia específica de este H. Concejo Deliberante.

14. Que el conjunto y gravedad de las irregularidades detectadas, torna necesario dictar una Ordenanza declarando la emergencia del régimen de empleo público, en la  Municipalidad de Azul, durante un plazo de noventa (90) días, durante el cual el H. Concejo Deliberante deberá dictar una norma    que puedaa recomponer razonablemente ese estado de cosas.

Que durante ese período el Departamento Ejecutivo no podrá adoptar ninguna decisión en materia de personal que involucre el ingreso, ascenso, modificación de la situación de revista, o baja de agente alguno, salvo situaciones de extrema urgencia que deberá notificar al H. Concejo Deliberante con acto suficientemente motivado, dentro de los cinco días corridos de haberlo dispuesto.

Que a efectos de avanzar en la norma municipal que restablezca el régimen de empleo público en el marco de las normas constitucionales y legales vigentes, a la vez que fije los lineamientos para recomponer las situaciones de desigualdad, arbitrariedad e insolidaridad existentes, se crea una Comisión Especial, que estará integrada por miembros del Departamento Ejecutivo –entre los cuales estará la Contadora General–, del H. Concejo Deliberante, y de los Sindicatos con representación en el municipio.

Que la Comisión tendrá en cuenta los documentos indicados en el punto 12, y elaborará un proyecto de Ordenanza, que se pondrá a consideración de este H. Cuerpo. Invitase a los distintos Bloques del H. Concejo Deliberante, a aportar propuestas para la elaboración del Proyecto final.

Que la Comisión, igualmente, efectuará una propuesta de cuadro remuneratorio, para la planta de personal y funcionarios políticos, teniendo en cuenta el Proyecto integral.

15. Que pese estimar compartidos los lineamientos antes expuestos, por el conjunto de los empleados y funcionarios municipales y, además, resultar valiosos para el conjunto de la comunidad, es necesario adoptar una metodología de democracia participativa para ponerlos en debate, a fin de lograr una Ordenanza que establezca la política de estado de la Municipalidad de Azul, en materia de empleo público.

Para ello hay que implementar desde el H. Concejo Deliberante, un procedimiento de consulta a los sectores interesados, especialmente a los gremios que representan al personal municipal.

Finalmente, se utilizará el procedimiento de Audiencia Pública (Ordenanza n°573/2001) para que la comunidad pueda expresarse con observaciones y propuestas, en un tema central para el desenvolvimiento de la Municipalidad de Azul.

16. Que sin perjuicio de la tarea encomendada a la Comisión que por esta Ordenanza se crea, existen situaciones graves que deben resolverse de inmediato, fijando con claridad el deber irrestricto de cumplir con las normas legales y constitucionales.

POR ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL

 SANCIONA CON FUERZA DE LEY LA SIGUIENTE

 ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Declárese la emergencia del régimen de empleo público, en la Municipalidad de Azul, por el plazo de noventa (90) días. Durante ese período el Departamento Ejecutivo no podrá adoptar ninguna decisión en materia de personal que involucre el ingreso, ascenso o modificación de la situación de revista, salvo situaciones de extrema urgencia que deberá notificar al H. Concejo Deliberante con acto suficientemente motivado, dentro de los cinco días corridos de haberlo dispuesto. Tampoco podrá proceder a la baja de agente alguno.

ARTICULO 2°.- Crease una Comisión Especial, que estará integrada por tres (3) miembros del Departamento Ejecutivo –entre los cuales estará la Contadora General–, cinco (5) miembros del H. Concejo Deliberante, y un (1) miembro por cada uno de los Sindicatos con representación en el municipio. La Comisión tendrá a su cargo presentar, en el plazo de treinta días, un Proyecto de Ordenanza para recomponer la planta de personal municipal, haciendo cesar las situaciones de desigualdad, arbitrariedad e insolidaridad existentes.

ARTICULO 3°.- La aplicación de esta Ordenanza, y la que se dicte en su consecuencia, no afectará derechos adquiridos, entre ellos, las categorías alcanzadas, régimen horario, remuneración, y los derechos y beneficios del personal que revista actualmente, salvo situaciones de irregularidad. Quienes estén en planta temporaria y cumplan con los requisitos del art. 7° de la Ley 11.757, serán designados a partir del 1° de abril de 2014 en planta permanente, sin otra sustanciación.

ARTICULO 4°.- Sólo se podrá ingresar a la Municipalidad de Azul, en cualquiera de los escalafones, en el cargo de menor jerarquía y mediante el sistema de concurso público y transparente, como lo establece el art. 16 de la Constitución Nacional, y el art. 4° de la Ley 11.757. El cuatro por ciento (4%), como mínimo, de los cargos a cubrir, será ocupado mediante designaciones de personas con discapacidad que reúnan los requisitos necesarios para el cargo, tornándolo operativo con la incorporación de una (1) cada quince (15) designaciones en cualquier escalafón, compensando progresivamente la omisión actual.

ARTICULO 5°.- Sólo se podrá ascender a una categoría mayor en cualquiera de los escalafones de Municipalidad de Azul, mediante el sistema de concurso o selección equivalente, como lo establece el art. 16 de la Constitución Nacional, y el art. 25° de la Ley 11.757.

ARTICULO 6°.- El otorgamiento de adicionales por función, responsabilidad, mérito, extensión extralaboral de tareas, u horas extras, solo podrán concederse en el marco de un reglamento especial, con criterios objetivos e igualdad de concurrencia de todos los agentes municipales que se desempeñan en el área, revistando en el mismo escalafón.

ARTICULO 7°.- El personal que se desempeñe en la Municipalidad de Azul, con más de doce (12) meses de antigüedad, de cualquier escalafón y categoría, podrá optar por  un régimen horario prolongado. El Intendente no podrá denegar esa opción, si en el área en que se desempeña haya otros empleados con el mismo régimen solicitado, en el mismo escalafón del peticionante, debiendo dictar el acto administrativo correspondiente en el plazo de treinta (30) días de solicitado. Para ello deberá presentar una nota de opción al Intendente, con copia al Presidente del H. Concejo Deliberante.

ARTICULO 8°.- El principio de igualdad en las posibilidades de acceso a los cargos, al régimen horario, a los adicionales previstos en el artículo sexto, y de igual remuneración por igual tarea, no podrá ser vulnerado en la implementación del régimen de empleo público.

ARTICULO 9°.- Disponese a partir del mes de abril de 2014 inclusive, que el sueldo básico del empleado municipal, en planta permanente o temporaria, para la jornada completa de treinta y cinco (35) horas, no será inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, que actualmente es de tres mil seiscientos pesos ($ 3600). La misma remuneración mínima tendrá el personal ingresante y el designado como destajista, pasando a cumplir el régimen de treinta y cinco (35) horas semanales. Esa remuneración no se utilizará como base para el cálculo de la remuneración del Intendente Municipal, ni de los Concejales.

ARTICULO 10°.- Todo acto administrativo dictado en forma contraria a lo dispuesto en esta Ordenanza, y en general a los derechos y prohibiciones en materia de empleo público, será nulo de nulidad absoluta. Cualquier persona mayor de edad con domicilio en el Partido de Azul, estará legitimada para accionar administrativa o judicialmente, exigiendo el cumplimiento irrestricto de los derechos aquí establecidos, o requiriendo la nulidad de cualquier acto irregular.

ARTICULO 11°.- Formular la denuncia al H. Tribunal de Cuentas, por intermedio de la Delegación local, para que constate mediante un estudio o auditoría sobre la Planta de Personal (arts. 19, 21 inc. A y B, y 42 de la ley 10.869), las ilegalidades expresadas en los fundamentos de esta Ordenanza, informando a este H. Concejo Deliberante el resultado, a la mayor brevedad posible.

ARTICULO 12°.- Convocar a una Audiencia Pública dentro de los sesenta días de dictada la presente, para tratar el Proyecto de Ordenanza sobre el régimen de empleo público municipal.

ARTICULO 13°.- De forma.

 

Erica Torena

Concejal

Presidente del Bloque Socialista

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