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Hiperpresidencialismo: el fenómeno de acumulación de poder en Argentina, que arrasa también con el federalismo y la sociedad civil.

Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

Para apreciar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara la inconstitucionalidad de la ley 26080, modificatoria del Consejo de la Magistratura, es necesario comprender el funcionamiento real de nuestro sistema institucional.

La esencia de un sistema constitucional es la división del poder. En nuestra Constitución, existe una división horizontal –legislativo, ejecutivo y judicial–, y otra división vertical de federalismo –nación, provincia y municipios–, adonde cada jurisdicción nuevamente divide horizontalmente. La Constitución divide el poder para debilitarlo, y los contrapone lograr cierto equilibrio, como único medio eficaz de preservar los derechos individuales, sociales y colectivos. También, para respetar la diversidad, las minorías y para que cada sujeto individual pueda tener su propio proyecto de vida, es decir, que pueda personalizarse.

La historia nos demuestra que, inexorablemente, el ser humano abusa tarde o temprano del poder que se le confiere. Tanto más cuanto más permanece en el cargo. Es indistinto si lo hace convencido por sus ideas o para sacar provecho personal. En ambos casos impide el desarrollo como sociedad plural. El constituyente de 1953 incorporó el artículo 29, denominando “infames traidores a la patria” a quiénes afecten ese equilibrio de poderes, por ejemplo, el otorgamiento por el Congreso de “facultades extraordinarias”, “sumisiones o supremacías” mediante las cuales los derechos de los argentinos queden “a merced de gobiernos o persona alguna”. Ningún otro artículo constitucional tiene una dureza de lenguaje equivalente.

En la reforma constitucional de 1994 se diagnosticó un grave desbalance entre los poderes, que se denominó hiperpresidencialismo. Las causas eran múltiples, y se repetían en los ejecutivos provinciales y municipales. Para neutralizarlo se incorporaron otras instituciones constitucionales: Auditoria General de la Nación, Defensor del Pueblo de la Nación, Jefatura de Gabinete, Consejo de la Magistratura, Procurador General de la Nación, etcétera. Todas destinadas a reducir el poder del Presidente.

No debe confundirse la fortaleza del estado con el poder personal. Un estado fuerte es el que sanciona leyes con intervención plural de la sociedad y de todos los organismos constitucionales, y luego se cumplen a rajatabla. Cuando hay poder personal del gobernante, las leyes se hacen a medida, y se tolera el incumplimiento de los funcionarios o amigos.

En el ámbito de la administración pública, también se crearon distintos órganos con resguardos constitucionales, como: Banco Central, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sindicatura General de la Nación,  Unidad de Información Financiera, etcétera. Su finalidad es asegurar el cumplimiento de las leyes, el control y transparencia de la gestión pública. También se suma a partir de 1957 la estabilidad en el empleo público, asegurada constitucionalmente para que el empleado o funcionario pueda cumplir con la ley, aun contradiciendo la voluntad del gobernante de turno.

Si todo esto no funciona, tenemos una república de baja calidad.

El cierre del sistema constitucional se retroalimenta con la democracia que, en su forma representativa, que le permite elegir los gobernantes. La libertad de elección supone condiciones esenciales. Por una parte, partidos políticos democráticos, con receptividad a las demandas sociales. Por otra, el libre acceso a la información pública para que el voto se torne una decisión informada.

En su forma participativa, la democracia debe asegurar el derecho de petición y el de protesta, para visibilizar los reclamos sociales que son espontáneamente atendidos.

Los medios de comunicación son imprescindibles para que circule la información. De allí que se los denomine el cuarto poder, porque es la conexión entre lo bueno y lo malo de la gestión de gobierno, y la decisión electoral. Y esto supone la existencia de numerosos medios independientes del poder político, que tengan la capacidad para sostenerse sin publicidad oficial, e impulsar las investigaciones periodísticas, que instan los grupos desfavorecidos, allí adonde los órganos de gobierno no actúan con legalidad o transparencia.

Si esto no funciona tenemos una democracia de baja calidad.

Hecha esta enumeración, podemos pasar revista de la realidad de la dinámica constitucional de nuestro país. El federalismo prácticamente ha desaparecido, porque no hay autonomía allí adonde no hay recursos presupuestarios. Más allá de los errores propios, que el gobernador tenga que pedir fondos al Presidente para pagar los sueldos, demuestra la sumisión de un poder a otro. Lo propio ocurre con los municipios, al menos en la provincia de Buenos Aires.

El Congreso no tiene presencia propia. Por una parte, el abuso de los decretos de necesidad y urgencia; por otra, la conducta disciplinada de los diputados y senadores acatando las instrucciones del Presidente, incluso en desmedro de los intereses que representan, muestra las falencias del sistema electoral y los partidos políticos.

Casi todos los órganos constitucionales y legales antes mencionados, han sido objeto de embates para neutralizar su control a la gestión presidencial, cambiando funcionarios, suprimiendo en los hechos su autonomía. La precarización del empleo público mediante el denominado “trabajo basura”, o el reemplazo generalizado por cargos políticos, ha destruido ese reservorio de legalidad.

La creciente criminalización de la protesta social, salvo la convocada por el gobierno, reduce sustancialmente la democracia participativa. Otro tanto ocurre, de modo más subrepticio, con la cooptación de entidades públicas –Universidades, por ejemplo– y ONGs, con premios y castigos según su alineamiento, obligando a sus dirigentes a la ilegítima opción entre una gestión decorosa o ejercer el derecho cuestionar lo irregular, lo corrupto, o lo atentatorio a la dignidad de sectores sociales más débiles. Así se reduce la diversidad, y se suprime la sociedad plural.

Detrás de un proyecto compartible de democratización de los Medios Audiovisuales, se lo instrumentó en forma sesgada, con la partidización de los medios oficiales, la cooptación de medios privados, y la persecución a los que informan o investigan lo que se quiere ocultar. El uso creciente e indiscriminado de propaganda oficial de sesgo partidario, y el abuso de la pauta oficial como forma de disciplinamiento. Paralelamente la restricción a la información pública en todo aquello que no le resulta conveniente.

En ese contexto la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, es un paso más de concentración del poder. Tal vez un punto de inflexión –cualitativamente distinto– que exhibe el autoritarismo más descarnado y, fundamentalmente, conlleva la supresión total de la división del poder ya enormemente debilitada.

En lo sustancial, la ley cuya inconstitucionalidad se declaró, pretendía la partidización del Consejo de la Magistratura en mayorías análogas al Poder Legislativo. Consejo de la Magistratura que tiene entre sus facultades la de proponer la terna para la designación de los jueces, y muy especialmente, la posibilidad de suspender y enjuiciar a los que se están desempeñando en el cargo. Es esta última potestad la más destructiva del sistema, porque el Juez estará compelido a optar entre decidir conforme los deseos del Presidente o ser suspendido, enjuiciado y apartado de la causa. Ya hemos señalado que la disciplina partidaria –un dato insoslayable en nuestro país– torna a los Consejeros electos por el mismo partido, un instrumento que responde a la voluntad del Presidente.

El Poder Judicial, y especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todos sus méritos y defectos, es el garante constitucional. Posiblemente su mayor error ha sido permitir que creciera tamaño desbalance de poder, que ha envalentonado al Ejecutivo para lograr la sanción de esta ley. Y, conforme a las recientes declaraciones, van por más.

Esto significa que es garante del equilibrio de poderes y del sistema electoral y de partidos, para que funcione el juego político, que posibilita un ejercicio real de los derechos políticos.

También es garante de la acción de gobierno en la cosa pública, los derechos de las mayorías y minorías, y aquellos de las personas individuales, cuya vigencia real depende de la división del poder.

Para concluir veamos un ejemplo. El Pueblo QOM ha sufrido persecuciones de toda índole por reclamar los derechos que constitucionalmente les corresponden como pueblo originario, y los demás que tienen por su condición de personas. Una reseña de la legitimidad del reclamo puede encontrarse en el sitio web del Defensor del Pueblo de la Nación. Sufren represión, criminalización de la protesta, muertes, exterminio por abandono, división por cooptación, ocultamiento mediático, negativa a entregar los documentos necesarios para ejercer derechos electorales, etcétera. ¿Por qué para ellos no rigen los derechos? Podríamos afirmar: porque la Presidenta no quiere. ¿No hay otro poder que se le contraponga?

Apenas puede predicarse –hoy– que la escasa división del poder remanente, es el atisbo de independencia judicial, especialmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero los embates del gobierno los tornan cautelosos en extremo. El tiempo pasa, con la prudencia y las demoras judiciales, y también pasa la vida y la dignidad.

La sentencia que comentamos es muy importante, porque revierte una ley de sumisión al Ejecutivo, y revindica la autonomía del Poder Judicial. Pero no es suficiente.

El pueblo QOM, consciente de las dificultades para doblegar al poder presidencial que –contrariamente al texto constitucional– se revela casi omnímodo, pide ayuda fuera del país, remedando aquella vieja frase, acuñada cuando no regia la Constitución: “Anda a quejarte al Papa”.

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