servicios públicos

Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

El gobierno de Macri ha dispuesto un incremento brutal de las tarifas en los servicios públicos, llegando en muchos casos al 1000%, es decir, ha multiplicado por diez el valor del consumo del período previo. Argumentó que se trata de un “sinceramiento” de la política tarifaria del gobierno anterior; que había un retraso con consumo exagerado que afectaba recursos naturales no renovables; la necesidad de subsidios cada vez mayores; y que la falta de inversiones llevaban al quiebre de la prestación.

Deliberadamente soslayó al Congreso en la decisión, se negó las audiencias públicas, y omitió investigar el destino de los subsidios astronómicos que beneficiaron a las empresas concesionarias. Tres cosas incompatibles con la república y la democracia social que, en su discurso electoral, decía representar.

Si se abonaron enormes subsidios, existió una autorización presupuestaria directa o indirecta, que solo podía conferir el Congreso. La política pública de subsidiar los servicios, ampliando derechos de las personas, no puede suprimirse sin análoga intervención del Congreso. Solo la ley puede restringir derechos constitucionales o convencionales.

Las audiencias públicas aseguran cierto control democrático a la discrecionalidad del gobierno en materia tarifaria, obligándolo al debate y la demostración de inversiones y resultados. Es inexplicable no investigar el uso de los subsidios –solo en energía eléctrica y durante 2015, ascendieron a 93.000 millones de pesos), cuando el propio gobierno alega la corrupción generalizada en el anterior, y la sociedad tiene una evidencia concreta de los desvíos en la Tragedia de Once.

La prohibición de regresividad

Lo cierto es que se afectó brutalmente los derechos de las personas. Nadie duda que el agua, la energía eléctrica o el gas natural, son esenciales para asegurar la salud y la propia vida. También los derechos sociales porque, por ejemplo, no se puede estudiar con frío. Y otro tanto ocurre con afectando a las organizaciones sociales, clubes, bibliotecas populares, centros culturales, y demás entidades que tienen un rol trascendente en el desarrollo de los derechos humanos.

La crueldad de tamaño aumento, es que impone a los hogares más humildes la disyuntiva entre alimentos o servicios públicos, imposibilitados de pagar ambos.

Aquí aparece la confusión ¿deliberada? de la decisión macrista: el subsidio general de tarifas no puede “repararse” con un brutal aumento igualmente generalizado. Hay que distinguir a quienes eran los beneficiarios, para no destruir derechos de las personas, luego de reconocerlos.

El sistema internacional de Derechos Humanos establece el principio de progresividad, y su contracara, la prohibición de regresividad. Es violatorio de los Derechos Humanos bajar escalones alcanzados, en la efectividad de esos derechos.

Por ejemplo, si el estado decidiera dejar de subsidiar la medicación para el VIH-SIDA, tendría el deber de individualizar y compensar a quiénes no están en condiciones económicas de abonarla, porque en caso contrario les destruiría el derecho a la salud y a la vida.

La declaración de servicio público que hace el Congreso, tiene por finalidad, precisamente, asegurar la provisión efectiva del servicio a todas a todas las personas. Es un mecanismo de responsabilidad y solidaridad social. Significa admitir que con las reglas del mercado, ninguna empresa puede asegurarlo. Y, si se llegó a un estadio de los derechos merced al subsidio de las tarifas, el gobierno debe asegurar que la modificación tarifaria no provoque la destrucción de esos derechos en la extensión adquirida.

Solo la dirigencia del socialismo lo ha expresado con claridad. Héctor Polino, Hermes Binner, Gabriela Troiano, Alicia Ciciliani, Lucila Duré, etcétera. Fruto de ello son los Proyectos de Ley de Tarifa Social Universal para personas en situación de vulnerabilidad social, y de Tarifa Social para Clubes de Barrio y Asociaciones Civiles. Impone el deber del gobierno de ajustar la tarifa en cada caso, evitando que se destruyan derechos.

Los “errores” del macrismo

Las protestas sociales obligaron al macrismo a establecer la Tarifa Social, cuyos requisitos la tornan inviable para la mayoría de las personas vulnerables. Luego, tuvo que considerar situaciones de pequeñas empresas, y finalmente, a poner límites porcentuales al incremento desmesurado, que amenazaba su propia gobernabilidad con la generalización de los reclamos. No son ni fueron “errores”, sino concesiones que le fue arrancando la sociedad, horrorizada por las facturas que recibía.

En verdad, todo incremento que supere el nivel inflacionario destruye derechos a quienes no pueden pagarlos, o deben sustituir los insumos de otros derechos esenciales para hacerlo, privándolos de educación, salud, etcétera.

El gobierno no quiso adoptar medidas compensatorias equivalentes al impacto del aumento tarifario, para asegurar los derechos, por ejemplo, aumentar el salario mínimo vital y móvil, subir los haberes previsionales, incrementar en la misma medida los subsidios de la seguridad social, etcétera.

Tampoco adoptó medidas fiscales para reducir el impacto. Pese al ahorro que significa la reducción de subsidios, no se achicaron las alícuotas tributarias sobre los servicios. El gobierno aparece como beneficiario de la destrucción de derechos. Ni hablar de los funcionarios designados en violación de la ley de ética pública por su vinculación anterior con las empresas concesionarias, o aquel que directamente tiene beneficios económicos con las decisiones que adopta.

La concentración económica

El brutal incremento tarifario ha puesto en crisis muchos emprendimientos productivos o comerciales que han crecido con las tarifas actuales, y cuya rentabilidad actual no le permite afrontar esos costos. Y confluyen en una nueva destrucción de derechos multiplicadora de la anterior, porque impide a muchas personas obtener ingresos o mantener su empleo.

Por el contrario, no afecta a las empresas líderes en el mercado, que tienen la posibilidad de transferir costos a precios o, ya se han puesto a cubierto con los aumentos desorbitados que sucedieron en los primeros meses del año.

Esta es la otra confusión ¿deliberada? del macrismo. Generar mayor concentración económica, transferir ingresos a los sectores más ricos, sentar las bases para mayor desigualdad social, no es la fórmula para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Nuevamente podemos observar que no hay instrumentos compensatorios para esos emprendimientos productivos menores.

Políticas públicas y resultado electoral

El macrismo obtuvo un triunfo electoral, porque recibió el voto de sectores sociales que pretendían una mejora institucional, y el cese de prácticas autoritarias y corruptas afirmadas en la continuidad de los cargos. En definitiva, los votantes quisieron lograr el principio republicano de alternancia en el poder.

Pero no fue votado por la gente el modelo de país que explícitamente parece proponer la decisión que analizamos: el aumento brutal en materia tarifaria. Ni la destrucción de derechos humanos a los sectores más vulnerables, ni la supresión de los emprendimientos menores en favor de la concentración económica, formaron parte del discurso y promesas electorales.

El Presidente Macri tiene la oportunidad histórica de pensar una sociedad más justa, más igualitaria, y actuar en consecuencia, o cumplir la profecía de la oposición, gobernando para beneficio de los poderosos económicos.

Es difícil saber si realmente lo entiende.

Pin It on Pinterest

Share This
Subscribete al Newsletter

Subscribete al Newsletter

 

Únete a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias.

¡Te has suscripto correctamente! Gracias