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http://www.aguayaceite.com.ar/verNoticia.php?id=8030

SEÑOR PRESIDENTE
DR. ALEJANDRO LOZANO
H. CONCEJO DELIBERANTE
PARTIDO DE AZUL

Ruben Rodriguez, DNI 22.803.037, como Secretario General y  Miguel Angel Burgos, DNI 17.480.875, en su carácter de Secretario General Adjunto, ambos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA) con domicilio en calle Colon n° 474 de la ciudad de Azul, con el patrocinio de Eduardo Víctor Lapenta, abogado (T°III F°20 Colegio de Abogados de Azul; T°67 F°763 C.F.A.L.P.; CUIT n°20-10100538/1; Monotributo; Leg. Prev. n°30401/0), constituyendo domicilio en calle Burgos n° 686 de la ciudad de Azul, nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a ese Honorable Cuerpo Deliberativo, y decimos:

* * * *

1. Objeto

De conformidad con lo dispuesto en el art. 249 inciso 1° de la Ley Orgánica de Municipalidades, venimos a solicitar al H. Concejo Deliberante que se incorpore como tema a la Comisión Investigadora recientemente creada, la violencia laboral que habrían ejercido los funcionarios políticos de la Municipalidad de Azul designado por la actual gestión, con la aceptación, complacencia o complicidad del Intendente Municipal.

Dada la gravedad y reiteración de los episodios denunciados, también solicitamos se adopten medidas de protección del personal afectado, que preserven sus derechos y dignidad y, a la vez, permitan el avance en la investigación, frente al “desamparo institucional aprendido”, síndrome que expresa la progresiva mutilación del instinto de defensa, mecanismo éste que posibilitaría la acción de poner límites[1].

Ello por las consideraciones que pasamos a exponer.

2. Legitimación

El pedido que formulamos podría ser efectuado por cualquier persona de la comunidad, sin necesidad de acreditar otro interés que el mero cumplimiento de la ley.

Empero, tenemos un interés especial que resulta afectado por las conductas ilegítimas que habría se habrían cometido en el Departamento Ejecutivo, por nuestra condición de Asociación Profesional, que conforme la ley 23.551, ejerce la defensa de los intereses de los trabajadores que representa (art. 2°). En el caso, a la totalidad de los empleados municipales que se desempeñan en el Partido de Azul.

Interés que comprende todo lo que se relacione con las condiciones de vida y de trabajo (art. 3°), y la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.

3. Introducción

3.1 Lo actuado por el H. Concejo Deliberante en la reciente interpelación, ha puesto de manifiesto que el Departamento Ejecutivo habría incurrido en irregularidades, destacándose entre ellas la no publicación ni remisión de los actos administrativos (decretos, resoluciones, etc.), la falta de motivación de los decretos, el pago de sobresueldos a funcionarios políticos incumpliendo la escala remuneratoria aprobada por el deliberativo, y la inexplicable cantidad de horas extras abonadas a algunos agentes.

Al conectar esas irregularidades cobran sentido y finalidad, y así –seguramente– llevaran adelante la investigación los Señores Concejales. Y en la base de esas irregularidades conectadas aparecen, necesariamente, formas de violencia laboral en sentido amplio, que trataremos de explicar. Investigación que aparece facilitada por presunciones que invierten la carga de la prueba.

3.1.1 Ocultamiento o reticencia en exhibir decretos. Todo ocultamiento en el ámbito público, genera un indicio de culpabilidad. El ocultamiento[2] o reticencia constituye una presunción de que estamos frente a lo irregular, lo desviado, lo ilegítimo, o lo delictual. La organización administrativa se rige por el principio de publicidad de los actos de gobierno, no solo en los funcionarios electivos o políticos, sino en la totalidad del personal. La administración pública es permeable, no está preparada para el secreto o la confidencialidad, y la información se filtra por todos lados, formal e informalmente. Y es correcto que así suceda. Para lograr el ocultamiento, necesariamente hay que forzar al personal permanente para que no permita el acceso a la información y a la documentación. Hay que modificar prácticas, impedir el acceso de otros empleados, cerrar bajo llave los armarios y colocar claves en las computadoras, y todo eso bajo órdenes precisas del funcionario político que así lo decide.

3.1.2 Falta de motivación de los decretos. El ser humano se caracteriza por su condición de animal racional. Obra por razones. En toda decisión compleja tiene presente la situación que quiere cambiar –antecedentes, causa–, lo que quiere lograr –objeto– y la finalidad que  persigue. Tanto más razones habrá cuanto más se aparte de lo habitual. Por lo tanto, sabemos en atrás de cada uno de los decretos sin motivación, hay razones que los motivan. Pero no se expresan por escrito en el acto administrativo. Si no se expresan, hay una presunción de ilicitud de lo actuado[3], porque –nuevamente– se oculta lo irregular, lo desviado, arbitrario, lo ilícito, lo delictual. Y muy especialmente ocurre así, cuando la decisión difiere de los precedentes administrativos, o de lo que impone la ley o la ordenanza. Además, son actos de favorecimiento a funcionarios políticos de la gestión, o personal designado por ellos, adonde resultan beneficiarios los que dictaminan o participan en la emisión de los decretos. Para lograr el dictado de decretos irregulares, sin motivación ni antecedentes que los justifiquen, hay que forzar al personal permanente afectado a esas tareas que, inexorablemente, habrá señalado la irregularidad a los funcionarios políticos.

3.1.3 Violencia laboral. La violencia en la gestión de personal de la municipalidad, es condición necesaria para la corrupción[4]. La Comisión Investigadora tiene a su cargo verificar si se han cometido hechos de corrupción. Es decir, sin en la Municipalidad de Azul, han existido “prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores” (Diccionario RAE). Se las califique o no de corrupción, la sola condición de irregularidades reiteradas o con permanencia en el tiempo, en sentido contrario a las normas y a las prácticas administrativas vigentes en la gestión anterior, suponen un cambio sustancial que solo puede lograrse, como hemos señalado, forzando al personal permanente afectado a esas tareas. Existe una presunción de que se ha ejercicio violencia laboral para que, las irregularidades transiten –sin interrupciones– la red de control del personal permanente, cuya función específica es asegurar la regularidad del quehacer municipal. Inversamente, todos tenemos la experiencia de que los mismos empleados “paran” otros trámites de proveedores, de empleados, de ONGs, por deficiencias formales. Es decir, la red de control municipal se torna “selectiva” según la incidencia del poder gubernamental, expresado en órdenes de los funcionarios políticos.

3.2 Es decir, existe una íntima conexión entre las irregularidades investigadas y la violencia laboral. La violencia laboral tiende al disciplinamiento del personal para que acate sin objeciones la voluntad del gobernante de turno y sus funcionarios políticos, aun cuando advierta la ilegalidad del acto.

Guillermo O’ Donnell[5] señala que hay instituciones estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales, en relación con actos u omisiones de otros agentes o instituciones del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificados como ilícitos, una de cuyas formas es la corrupción, que consiste en ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos o sus asociados.

Destaca la ausencia o extrema debilidad de este tipo de rendición de cuentas en nuestro país, y su importancia para el adecuado funcionamiento del régimen democrático o democracia de calidad.

Ese concepto nos permite advertir que el empleo público, entendido como el agente que debe hacer cumplir la ley aun desobedeciendo la voluntad del gobernante de turno, es una de las instituciones esenciales para asegurar la legalidad, y evitar la corrupción. Para ello se lo dota de estabilidad en el empleo público (art. 14 bis de la Constitución Nacional), y se le confiere el derecho a la carrera administrativa (art. 103 inc. 12° de la Constitución Provincial)[6].

Y esa protección le sirve para negarse a cumplir la orden que considera ilegal, y quedando al funcionario político la posibilidad de insistencia por escrito (art. 59 inc. b de la ley 11.757)[7], que hacer recaer la responsabilidad de la decisión en este último.

En la investigación, la ausencia de negativas por el personal permanente –y correlativa orden escrita del superior– en actuaciones manifiestamente irregulares, constituye una fuerte presunción de violencia laboral.

3.3 Entre esas instituciones de control está el H. Tribunal de Cuentas. Pero tenemos que hacernos cargo de que algunas instituciones han caído en cierto anacronismo.

Por una parte, en la época de los derechos humanos, no puede restringirse el control solamente a lo presupuestario, a la legalidad formal del gasto, omitiendo cuestiones esenciales en la designación, ascensos y carrera del personal municipal, que no solo afectan derechos elementales de esas personas, sino que constituyen violaciones a normas concretas.

Por otra, los episodios de violencia laboral reiterados que han trascendido públicamente, en tanto anulan la capacidad de control de legalidad de los empleados municipales, son el instrumento idóneo y necesario para instalar la corrupción, no solo en los casos investigados, sino en cualquier otra área de gestión.

Sorprende que no exista un examen de legalidad sustancial, que tienda a prevenir o sancionar la violencia laboral.

4. Introducción ii

4.1 Hemos señalado la gravedad de las prácticas de violencia laboral, que constituye una forma de manipulación adonde se alternan premios y castigos.

Por una parte, en la esfera personal, existe una vulneración grave de los derechos individuales, reconocidos por la Constitución y Tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la libertad (amenazas), la salud (afectación psicofísica), el proyecto de vida (destrucción de la carrera administrativa), y demás que podríamos subsumir en una grave afectación a la dignidad personal, porque se lo “cosifica” para un fin personal o partidario del gobernante de turno. Se lo convierte en un ser vulnerable, merced a la precarización laboral tanto de personal transitorio como permanente, expuesto a la arbitrariedad del gobernante y sus funcionarios políticos.

Por otra, en la esfera de lo común, existe una grave afectación de la función administrativa, porque se suprime el instrumento –tal vez fundamental– de la regularidad administrativa, no solo en la legalidad formal, sino en la legalidad sustancial, por ejemplo, evitando discriminaciones indebidas en el otorgamiento de prestaciones sociales a personas vulnerables, contrataciones con entidades privadas, beneficios a entidades de la sociedad civil, etcétera. La virtual destrucción de la carrera administrativa garantizada constitucionalmente, la manipulación del empleado público en sus distintas jerarquías, es el presupuesto ilegítimo que posibilita la consumación de otras graves irregularidades administrativas, como las que se han sometido a la Comisión Investigadora.

Finalmente, se afecta la calidad democrática, porque esas prácticas gubernamentales corruptas se emparentan con prácticas políticas dirigidas a captar voluntades individuales o institucionales, con finalidad electoral. Así el municipio se transforma en una gigantesca herramienta electoral, cuyo accionar legítimo o ilegítimo, está cruzado por una finalidad ajena al interés común, y degradante del juego limpio de la democracia.

4.2 Ahora bien, cuando el empleo de la fuerza y la voluntad de doblegar al otro, es perpetrado, en democracia, precisamente, “por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a los ciudadanos, de mantener el orden en su mundo, de preservar la estabilidad y predictibilidad de sus vidas –el Estado a través de sus agentes–, la violencia tiene un efecto (doblemente) devastador y de largo alcance.” Ello en virtud de que “la transformación del carácter protector en carácter violento ocurre en un contexto y en un discurso que destruye o falsea los significados y deniega esta transformación”. Estamos hablando entonces de una violencia ejercida por quien tiene la obligación de proteger. De manera análoga a la situación donde,  en el contexto familiar, el padre –que tiene la obligación legal y moral de proteger a sus hijos– pega o maltrata a sus hijos.[8]

4.3 Desamparo institucional aprendido. Creemos que los agentes públicos de la Municipalidad de Azul, padecen de “desamparo institucional aprendido”, síndrome que expresa la progresiva mutilación del instinto de defensa, mecanismo éste que posibilitaría la acción de poner límites. Los servidores públicos encubren la violencia por miedo. El imperio del silencio sostiene la impunidad reinante.

Si observamos los casos que han tomado estado público, incluso en aquel que tuvo la intervención del H. Concejo Deliberante –persecución a periodistas–, la conclusión es desalentadora. No se ha logrado establecer un mecanismo de protección para el empleado afectado, no existió un compromiso institucional de esclarecer el hecho, no se suspendió ni investigó al funcionario político denunciado, no se inició sumario administrativo, etcétera.

El concepto de “indefensión o impotencia aprendida (condicionada)” fue acuñado por Seligman –en los años sesenta- para describir una situación en la que los animales suspenden toda actividad, al comprobar que no pueden ejercer ningún efecto sobre su entorno (normalización de la violencia). En los años setenta se aplicó ese mismo principio para explicar por qué las mujeres golpeadas permanecían al lado de los hombres que tan duramente las maltrataban. Un concepto análogo de “desgano vital”, es usado por otros autores. Cuando existe desamparo aprendido y  desgano vital, la motivación no existe. La depresión y la indiferencia, cunden[9].

4.4 Imposición radioactiva. La psicoanalista argentina Janine Puget ha analizado los mecanismos que producen subjetividad bajo la situación corrupta. Habitar un contexto corrupto no es trivial.  Hay una situación que se autoalimenta. El concepto “imposición radiactiva” se utiliza para describir un vínculo donde unos sujetos crean “efecto de presencia” y se “imponen” a otros. La “imposición” descoloca nuestra organización psíquica. La psicoanalista afirma que el término “radiactivo” debiera ser una metáfora que nos permita pensar en una trayectoria que no sigue los patrones habituales y subraya que “es difícil, saberse portador de efectos invisibles sin que ello implique culpa ni responsabilidad.”

5. Antecedentes

5.1 A partir del ingreso de la actual gestión municipal, encabezada por el Intendente Municipal, Dr. Juan Manuel Inza, se han producido distintas situaciones de manipulación ilegítima sobre el personal municipal permanente o transitorio, cuyo alcance solo conocemos en forma parcial, porque se ha instalado una condición de temor ante posibles represalias, que impide a los afectados ejercer sus derechos y realizar las denuncias correspondientes.

Esa manipulación adopta distintas modalidades de premios y castigos, según la afinidad política con la gestión:

5.1.1 Las presiones, traslados, sanciones, reducción de haberes, suspensión en el pago de haberes, cambio de tareas, hostigamiento, persecuciones, e incluso amenazas, en contra de empleados municipales que estaban revistando desde la gestión municipal anterior, por parte de funcionarios municipales políticos designados en esta gestión, en muy significativa cantidad y gravedad. En algunos casos la cuestión ha culminado con la renuncia de los agentes afectados, en otros con la atención psiquiátrico psicológica de los mismos, porque le han provocado un síndrome que posiblemente tenga secuelas permanentes. En varios casos se han efectuado presentaciones, pedidos o recursos administrativos, que no fueron resueltos. En otros hay denuncias penales en sustanciación.

5.1.2 Paralelamente se han establecido privilegios con ingresos sin selección ni concurso, en favor de quiénes no acreditan conocimiento ni experiencia, en muchos casos sin cumplir los mínimos recaudos legales, en categorías superiores a la inicial. También mediante ascensos sin concurso, instalando personas sin conocimiento ni experiencia en cargos de jerarquía superior a los empleados que tienen más de veinte (20) años revistando en la Municipalidad de Azul como personal permanente de planta. Además, se ha sustituido cargos de planta por cargos que, presumiblemente, serían políticos sin estabilidad, en un número inusitado que supera a las 70 personas. Los privilegios se expresan, también, con el pago de remuneraciones que en algunos casos duplican o triplican el suelo del personal de planta de mayor antigüedad, abonándole bonificaciones o asignándoles horas extras, con indebida discriminación al resto del personal.

5.2 Algunos casos han tenido trascendencia pública, fueron objeto de presentaciones administrativas, e incluso tomó intervención el H. Concejo Deliberante. Así ha ocurrido recientemente con los casos de las periodistas Patricia Toscani y María Angélica Gómez, quienes revistaban en la Subsecretaria de Comunicación, a cargo de Aníbal Daniel Puga, y Dirección de Comunicación, a cargo de Carlos Agustín Casares. También ha tomado estado público las amenazas proferidas por Claudio Mansilla a dos integrantes del SOEMPA, porque efectuaron la denuncia pública de las horas extras certificadas en forma indebida, que permitió incorporar el tema en esta Comisión Investigadora. Es decir, las amenazas de muerte recibidas por Marcelo Armentano, trabajador comunal y dirigente del SOEMPA, de parte del Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Claudio Mansilla, quién le dijo textualmente: “te voy a pegar un fierrazo y te voy a matar”.

5.3 La estabilidad del empleado público (art. 14 bis, Constitución Nacional) procura preservar la autonomía funcional del agente municipal, para que aplique la ley, y pueda resistir las órdenes contrarias de funcionarios políticos o gobernantes de turno.

Pero esa estabilidad debe asegurarse en las restantes condiciones de trabajo, por ejemplo, el lugar de desempeño, la complejidad de las tareas que realiza, el derecho al ascenso –carrera administrativa– en igualdad de oportunidades, la percepción de remuneraciones adicionales, etcétera. Incluso la asignación de funciones políticas, que parece un instrumento legítimo y positivo, puede encubrir una mecánica de manipulación, porque es un cargo que se suprime discrecionalmente. Véase si existe relación entre esa forma de actuación, y algunos temas que son objeto de investigación.

La precarización del personal que no se lo pasa a planta permanente, lo torna vulnerable al poder de turno.

Pero, tan grave como eso, es la precarización de las condiciones de trabajo del empleado permanente, que está expuesto a traslados –con sentido sancionatorio o discriminatorio–, a modificación o supresión de las tareas y responsabilidad a su cargo, la asignación o quita de remuneraciones adicionales –función, horario, responsabilidad– o de la posibilidad de obtener ingresos adicionales por horas extras, y un largo catálogo de prácticas que permiten al funcionario político tornar vulnerable al empleado de planta permanente, para que obedezca en sentido contrario a las normas jurídicas.

La investigación debiera servir para detectar esas debilidades, y promover las ordenanzas que las eviten en el futuro. Es lógico aceptar que no todos los funcionarios políticos o gobernantes utilizan para la violencia laboral estas debilidades, pero la responsabilidad del H. Concejo Deliberante, es fijar reglas de juego que no puedan alterarse.

La gravedad de la manipulación que denunciamos, permite advertir la orfandad de mecanismos idóneos para que los agentes municipales puedan repeler estas prácticas.

5.4 Cuando el máximo conductor de la organización tiene conocimiento de la violencia laboral, y no adopta las medidas conducentes para preservar la integridad psicofísica de los agentes, e investigar la responsabilidad del funcionario político sospechado, se incorpora al círculo de violencia mediante la aceptación, el consentimiento informado, la complicidad, etcétera.

Así ha ocurrido en un número significativo de las cuestiones que se solicita investigar, que en nuestro criterio, determinan la responsabilidad solidaria del Señor Intendente Municipal.

A ello se suma las gestiones realizadas por este Sindicato para preservar a los empleados municipales, frente a distintos episodios, la mayoría de las veces sin resultado favorable.

5.5 Las prácticas de violencia laboral tienen manifestaciones múltiples, casi infinitas. Pero algunas de ellas son fácilmente verificables. De allí que se propone ceñir la investigación a estos aspectos centrales, sin perjuicio de ampliarla en función de los testimonios del personal que se obtengan.

Ejemplos de violencia ilegal de fácil verificación[10]. Nombramiento de no-idóneos en cargos directivos o de gran responsabilidad. Ausencia del obligado pronunciamiento administrativo frente a los reclamos o recursos presentados por los agentes. Infrautilización de capacidades individuales. “Cosificación” de los empleados, la condena a “no ser”. No dr trabajo. El “castigo”, de “no hacer nada”, es verificable y resulta un despilfarro institucional además de una irracionalidad mayúscula en el contexto actual de necesidades y demandas sin respuesta. Sumarios injustificados. El uso arbitrario del reglamento. Hacinamiento laboral, condiciones y medio ambiente de trabajo degradantes, que suele combinarse con indebida discriminación. Desprecio o destrucción de la producción elaborada por los agentes y carencia de archivos y catálogos de la producción documental generada por los servidores públicos. “Techo de cristal” en el empleo público femenino. Carencia e inadecuación de mobiliario, útiles y soportes materiales básicos para el trabajo, para algunos. Falta de lugares preservados de la vista del público para refrigerios del personal. Puede añadirse la manipulación remuneratoria, suprimiendo rubros o excluyéndolos de una distribución equitativa de otros como horas extras. En el mismo sentido la enumeración de la ley 11.168 de violencia laboral.

6. Antecedentes ii

4.1 En otros casos los empleados municipales han optado por no dar a conocer las presiones, traslados indebidos, hostigamiento o persecuciones de las fueron víctimas. A veces han realizado gestiones sin resultado ante distintos funcionarios de la comuna, o presentaciones administrativas que –en la mayoría de los casos– no fueron resueltas.

Se han acercado al SOEMPA a manifestar lo que les había ocurrido, pero solicitando que no se actuara para revertir la situación, porque tenían temor a por temor a represalias.

4.2 En estas condiciones hay un listado de empleados muy significativo, que suman más de veinte (20) personas:

Daniel Marino, Lorena Mandagaran, Arturo Roca, Jorge Picaroni, Angélica Gomez, Santiago Paniagua, Albino Ponce, Edelmiro Menchaca, Pedro Scalcini, Patricia Toscani, Marta Diéguez, Maria Perafan, Héctor García, Carlos Mancino, Florencia Camerini, Alicia Lapenta, Juana Inés Loholaberry, Sergio Pacheco, Elio Altamare, Luis Albissini, Marcelo Armentano, Maria Julia Saladino, Eduardo Agüero y Oscar Aníbal Toledo.

Es posible que haya otros que ni siquiera se han acercado al SOEMPA para exponer su situación, por la situación de temor a represalias antes señalada.

Estos empleados revistan en distintas áreas, escalafones y categorías. Las modalidades de afectación que han sufrido son distintas en casi todos los casos, pero tienen un denominador común que es la discriminación por causas políticas.

4.3 En muchos casos se les ha explicado que “estuvieron con la otra gestión municipal”, como si un empleado público de planta no estuviera con “todas” las gestiones, en el transcurso de su vida laboral.

En otros la intencionalidad ha sido sacar del área a un empleado correcto en el cumplimiento de la ley y ordenanzas municipales, para poner un adepto político incondicional, que soslaye las normas jurídicas acatando las órdenes de su superior jerárquico.

De este modo se ha deteriorado gravemente la red de control de los actos municipales, y así se explica las recientes denuncias contra los funcionarios municipales, por el pago indebido de horas extras y sobresueldos, que no fue impedido –como habría sido su deber– por ningún funcionario o empleado administrativo.

7. Investigación

7.1 Para encauzar la investigación que se solicita, determinamos los siguientes aspectos, que entendemos de relativamente fácil verificación:

7.1.1 Denuncias concretas de presión, hostilidad, persecución, o amenazas, ante las autoridades administrativas, medios de comunicación, o justicia penal.

7.1.2 Renuncias del personal no político, sucedidas durante esta gestión, en lo que pudiera configurar el alejamiento por violencia laboral.

7.1.3 Traslados de personal permanente, en lo que pudieran interpretarse como sanción, indebida discriminación, o supresión del control de legalidad.

7.1.4 Sanciones disciplinarias, suspensiones en el pago de haberes, o reducción de los rubros remuneratorios, a personal no político, que se hayan efectuado durante la actual gestión.

7.1.5  Expedientes iniciados por informes, pedidos o recursos en relación al personal no político, para conocer si han sido resueltos y en qué forma.

7.1.6 Expedientes –o sumarios administrativos– que se haya iniciado en el curso de la gestión actual, en cumplimiento de la ley 11.168 de violencia laboral.

7.1.7 Designaciones efectuadas durante la presente gestión en cargos no políticos, para conocer si se han cumplido los recaudos exigidos por la ley 11.757. En particular, la idoneidad para el cargo (art. 3 inc. e), con título primario o secundario según el agrupamiento; certificado de antecedentes penales (art. 5 inc. b); declaración jurada de incompatibilidades o inhabilidades (art. 5 inc. e), si ingresaron en la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento (art. 4), y cuál fue el proceso de selección (art. 4) salvo capacitación y experiencia suficiente para la cobertura.

7.1.8 Ascensos de categoría o cambio de escalafón de personal que se haya efectuado durante la actual gestión, para conocer si se han cumplido los recaudos exigidos por la ley 11.757 y el art. 103 inc. 12 de la Constitución Provincial. En particular, si se ha respetado el derecho a igualdad de oportunidades, mediante evaluaciones de aptitudes, antecedentes, capacitación, y concurso (art. 25).

8. Aspectos jurídicos

Hay infracciones a las normas jurídicas, que pueden constatarse sin mayor dificultad.

8.1 Ley de violencia 11.168.

La ley de violencia laboral 13.168 impone al superior jerárquico el deber de instar un sumario administrativo por cada denuncia (art. 10), y disponer las medidas de prevención inmediatas (art. 8), entre ellas el traslado de la agente a una dependencia ajena a la jerarquía e influencia del denunciado.

No se han resuelto los planteos administrativos efectuados por algunos de los empleados que resultaran afectados. No se han iniciado sumarios administrativos en aquellos caso que la ley impone o que las gravedad de los hechos denunciados impone para determinar lo sucedió y adoptar medidas sancionatorias si correspondiera. Tampoco se han adoptado las medidas de resguardo a la integridad psicofísica de los agentes municipales que denunciaron ser víctimas de violencia laboral.

8.2 Ley antidiscriminación 23.592

La motivación real es discriminatoria de las ideas políticas (art. 1°) que puedan tener los agentes municipales, lo que ha quedado en evidencia por la relación que se establece con el desempeño en la gestión anterior.

8.3 Estatuto empleado municipal ley 11.757

Lo que se ha señalado en torno a la designación y ascensos del persona.

9. Prueba ofrecida

A)    Testimonial

8.1 Tomar testimonios a cada uno de los agentes mencionados para que exprese:

a)     Si considera que ha sido víctima de un tratamiento incorrecto o irregular, y si entiende que se trata de discriminación o violencia laboral; b) que describa que tipo de discriminación o violencia laboral ha sufrido; c) si le informaron la causa por la cual se adoptó la decisión que considera irregular, si le dieron posibilidad de defensa y en qué forma, y si le notificaron el acto administrativo que decidió la cuestión; d) si hizo algún tipo de gestión, reclamo administrativo o recurso, y en su caso con quién, y cuál fue la decisión; e) si considera que existe vinculación entre lo que considera irregular y su raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos; f) si considera que existe vinculación entre lo que considera irregular y las actividades que desempeña o desempeñaba, indicando en su caso porque, y quién realiza esas tareas.

Se solicita permitir al SOEMPA hallarse presentes en todas las audiencias que se realicen ante el H. Concejo Deliberante.

B)    Informativa

8.2 Para verificar los casos:

A)    Un informe completo de traslados de los agentes municipales en cargos no políticos, desde el 12 de diciembre de 2011 hasta la actualidad, especificando el área de revista y el área actual, e individualizando el número de expediente y acto administrativo (decreto o resolución) por la que se dispuso. En el caso no tener motivación el derecho, se informe suscitamente las causas y finalidad, y se indique si el agente municipal prestó conformidad.

B)    Un informe completo de sanciones impuestas a los agentes municipales desde el 12 de diciembre de 2011, especificando las causas, e individualizando el número de expediente y acto administrativo (decreto o resolución) por la que se dispuso.

C)    Un informe completo de actuaciones administrativas con pedidos y reclamos de agentes municipales de cargos no políticos, desde el 12 de diciembre de 2011, indicando la causa, e individualizando el número de expediente y el acto administrativo (decreto o resolución) por la que se resolvió la cuestión planteada.

D)    Un informe completo de los casos de reducción o suspensión de  haberes de agentes con cargos no políticos, desde el 12 de diciembre de 2011, indicando las causas, e individualizando el número de expediente y el acto administrativo (decreto o resolución) por la que se resolvió la cuestión planteada.

E) Un informe individualizando los agentes con cargos no políticos que han renunciado desde el 12 de diciembre de 2011, acompañando la nota de renuncia, actuaciones y una explicación suscinta de los motivos del cese.

F) Informe del personal de cargos no políticos que ha sido designado desde el 12 de diciembre de 2011, indicando: a) fecha de designación, b) cargo de revista; c) que título posee; d) certificado de antecedentes penales; y e) declaración jurada de incompatibilidades.

G) Listado de los agentes que han sido ascendidos en su categoría, desde el 12 de diciembre de 2011, que revistan en cargos no políticos, indicando cuál ha sido el procedimiento de ascenso, y acompañando el acto administrativo. En el supuesto de que el acto no tenga motivación, se indique una explicación suscinta de los motivos por los cuáles se adjudico a esa persona.

10. Audiencia e intervención

10.1 Solicitamos a ese H. Concejo Deliberante, que se nos confiera autorización para exponer ante ese cuerpo, conjuntamente con nuestro letrado patrocinante, a efectos de brindar mayores detalles del esta petición.

10.2 Igualmente pedimos se nos confiera el derecho de presenciar las audiencias testimoniales que lleve adelante la Comisión Investigadora, no solo por la condición de denunciantes y representantes gremiales, sino también porque aporta a la supresión del temor, indispensable para lograr declaraciones plenamente veraces.

11. Medida de protección

11.1 Por una parte, las medidas de protección tienden a impedir un agravamiento de la situación por la que atraviesan algunos empleados municipales.

Ya se ha señalado la persistencia del Señor Intendente Municipal en no adoptar las medidas de protección que establece la ley de violencia laboral, como sería el traslado a otra área ajena a su superior jerárquico y asegurarle un cauce de audiencia permanente con el Intendente para tenerlo al tanto de su situación.

Ni siquiera ello ha sucedido en el caso que este H. Concejo Deliberante tomó intervención por pedido del SOEMPA, y reclamo al Departamento Ejecutivo adoptar tales medidas.

11.2 Por otra parte, la situación de temor de represalias que tiene el personal municipal, torna necesario que se adopten medidas conducentes a protegerlos, también en relación a la posibilidad de que declaren en forma libre y con veracidad sobre los hechos.

Aun cuando se interpretara que nada va a pasarles, o que no existe prueba respecto a tal posibilidad, el estado de temor tiene motivos concretos.

Nuevamente, la persistencia del Señor Intendente Municipal en no adoptar las medidas investigativas que impone la ley para la averiguación de lo ocurrido, cual es sustanciar un sumario administrativo por cada denuncia que se formule, muestra escasa o nula voluntad de cambio de ese estado de cosas.

11.3 Esta persistencia contribuye al “desamparo institucional” así como al efecto de la “imposición radioactiva”, que tendrían por efecto impedir que los testimonios se presten en forma libre.

11.4 Por los motivos expresados se solicita disponer en la misma Ordenanza que crea la Comisión Investigadora, las normas de protección del personal municipal cuyos casos se analicen en esta investigación.

12. Petitorio

Por lo expresado anteriormente solicito a V.S. que:

12.1 Se nos tenga por presentados en el carácter invocado, y con domicilio procesal constituido;

12.2 Se incorpore el tema en entre los que corresponden a la Comisión Investigadora;

12.3 Se conceda una audiencia para que podamos exponer ante el H. Cuerpo Deliberativo, ampliando lo expuesto en esta presentación;

12.4 Se autorice la intervención de un representante del SOEMPA durante la actuación de la Comisión Investigadora, en particular, durante las audiencias testimoniales que se tomen a personal municipal;

12.5 Se adopten por Ordenanza las medidas de protección para que los empleados municipales puedan denunciar libremente y actuar como testigos en la investigación que se dispone;

12.6 Se provea a la prueba ofrecida.

12.7 Oportunamente se realice la investigación para determinar la veracidad de la información que se brinda en este escrito, y se tome como antecedente para normas municipales que eviten la reiteración situaciones análogas.

Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA


[1] Violencia laboral y desamparo institucional aprendido. Diana Scialpi http://www.acosomoral.org/pdf/R%5B1%5D.J.A.%20Abril%202005.%20MOBBING%20(Scialpi).pdf

[2] Nadie oculta lo que lo enorgullece, lo que es valioso. Todos ocultamos lo que nos desmerece, lo que nos podría traer consecuencias. Incluso el ocultamiento está tipificado como un delito penal mediante la figura de encubrimiento.

[3] La motivación de una decisión de una autoridad pública debe considerarse inherente a la forma de gobierno que nos rige. Es por ello que la falta de fundamentos permite calificar al acto de arbitrario y, por tanto, hacerlo pasible de anulación (conf. Dict. 191:25). Procuración General del Tesoro.

[4] La violencia en la gestión de personal de la Administración Pública, como condición necesaria para la corrupción. Diana Scialpi. http://www.revistaprobidad.info/014/art11.html

[5] Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política. Guillermo O’Donnell. http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/246/190

[6] “Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e incompatibilidades”.

[7] “Obedecer las órdenes del superior jerárquico, siempre que sean propias del servicio, y no manifiestamente ilícitas. Cuestionada una orden, la insistencia en ello deberá formularse por escrito”.

[8] Violencia laboral y desamparo institucional aprendido. Diana Scialpi.

[9] Violencia laboral y desamparo institucional aprendido. Diana Scialpi.

[10] Violencia laboral y desamparo institucional aprendido. Diana Scialpi.

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