Tratando de hacer reflexionar al Intendente Hernan Bertellys

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Eduardo Victor Lapenta
Partido Socialista de Azul

El Bloque socialista en el Concejo Deliberante ha presentado un Proyecto de Resolución, pidiendo al Intendente Bertellys que revea los Proyectos de Ordenanza elevados.

El Intendente está desaprovechando la oportunidad de afrontar la crisis con un programa de austeridad que brinde equilibrio a todos los afectados, y equidad hacia quienes la están pasando peor. Un esfuerzo compartido.

Aun cuando los distintos bloques opositores puedan imponerle modificaciones sustanciales, eso no alcanza, porque Bertellys tiene que comprender que debe liderar una transformación participativa del municipio, en lugar de repetir la fórmula de concentración del poder que caracterizó a Inza. Y eso no se logra escondiéndose a un pedido de reunión, o negando el debate sobre estos proyectos.

Dice Bertellys que algunos Concejales se hacen los distraídos, que no comprenden la gravedad de la situación. No está bien siquiera que lo piense. Fue Secretario de Inza hasta 2013, y luego Concejal. Debería comprende todo lo que pasó, y no solo las consecuencias económicas. Nadie quiere repetir el error de aceptar la suma del poder público y la falta de control, que motivó la crisis, y los proyectos que elevó son inconsultos y desafortunados.

En los Proyectos de Ordenanzas elevados, el Intendente Bertellys decidió beneficiar a sus funcionarios políticos con un incremento sustancial de la remuneración (aumentos nominales, adicional por antigüedad del 3% por año, y bonificación del 40% por “función”). Lejos de reducir la planta política, la amplía con la creación de nuevos cargos con denominaciones inexistentes e innecesarias, en un afán de designar a dedo lo que se debe cubrir por concurso como personal de planta. Solo deben ser funcionarios políticos los Secretarios, Subsecretarios y Directores, que tienen potestades para dictar Resoluciones, y luego los funcionarios de planta (los Subdirectores, Jefes de Departamento y Jefes de Despacho) ¿para qué crear Responsables de Unidad, Directores de Área, Coordinadores, etc. como funcionarios políticos? No se sabe cuál será el número total, ni el costo anual del funcionariado político. El Concejo debería limitar la autorización del gasto en planta política.

Todos los demás afectados, resultan perjudicados. La cesantía de 95 empleados –sin explorar otras alternativas, como la reducción de “adicionales” otorgados a dedo por Inza–, y “cero” aumento previsto para los restantes empleados municipales que, aunque lo logren en el futuro, será muy inferior al aumento de los funcionarios políticos. Y ni siquiera se menciona la exigencia constitucional de asegurarles el mínimo vital y móvil.

También resultan perjudicados los proveedores, porque el Ejecutivo invocando la emergencia, ha decidido pagarle las deudas reconocidas en la forma y plazos que quiera, eso sí, ¡antes de diciembre de 2019! Casi un “paga dios”. Si se quejan, los sancionan excluyéndolos del registro de proveedores. Finalmente, la comunidad toda tendrá que pagar un aumento importante en las tasas municipales (40%).

El proyecto de Presupuesto no solo pretende acumular poder en el Ejecutivo, sino que muestra extremada concentración en un solo funcionario: el Secretario de Gobierno Alejandro Vieyra tendrá a su cargo el 50% del presupuesto real (deducido el pago de créditos y transferencias), que asciende al 75% si deducimos el funcionamiento de los hospitales. Secretario que tiene a su cargo obras y servicios públicos, un área que debiera contar con autonomía e idoneidad.

Y se replican los vicios de la gestión anterior, por ejemplo, la Dirección de Prensa y Comunicación tendrá un presupuesto de 3 millones, mientras la Delegación de Cachari apenas recibe 1 millón trescientos para gastos de funcionamiento (bienes de consumo y servicios no personales). Otro tanto ocurre con Chillar con algo más, y ambas delegaciones dependen de una “Coordinación” que no tiene presupuesto para gastos. ¿Cuáles son las prioridades?

Ojalá comprenda Hernán Bertellys que la imposición y el forzamiento desde el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante, no le sirve a nadie. Que una realidad compleja necesita de acuerdos y diálogo político.

Proyecto presentado ante el Concejo Deliberante por la edil socialista Erica Torena

Azul, 7 de enero de 2016.

Señor Presidente

del Concejo Deliberante de Azul

Dr. Pedro Hugo SOTTILE

S                    /                   D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Concejal del Bloque Socialista y en función de no encontrarme en la ciudad por compromisos asumidos previamente, me dirijo a Ud. a efecto de acercarle una propuesta de comunicación con la posición del Partido Socialista respecto del tratamiento de los proyectos de ordenanza de presupuesto y emergencia económica. El mismo es presentado como nota al cuerpo por el carácter extraordinario de la sesión y ante la imposibilidad de presentar despacho al no integrar las comisiones en cuestión. Es por ello que solicito a los concejales puedan tenerlo en consideración previa lectura de la misma. Adjunto se acompaña documentos de trabajo que fundamentan la propuesta.

PROYECTO DE COMUNICACION

VISTO los Proyectos de Presupuesto 2016 y de la Ordenanza declarando la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, y;

CONSIDERANDO

1. La gravedad de la crisis municipal provocada por la anterior gestión, puso de relieve la necesidad de restablecer y reforzar los mecanismos de control político, jurídico, contable y administrativo. Es necesario plantearlo como cuestión de estado, recomponiendo la institucionalidad, un sistema de control eficaz de las decisiones del Ejecutivo, que pueda fortalecerse en sucesivos mandatos de los próximos intendentes.

2. Esta crisis no se resuelve delegando, al Ejecutivo, potestades que la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, reservó para el Concejo Deliberante. Por el contrario, el ejercicio legítimo o indebido de esas potestades llevo a la Municipalidad de Azul a la destrucción de bienes, paralización de servicios, y deterioro de la planta de personal de carrera.

3. Resulta indispensable reconocer la centralidad de una carrera administrativa, adonde se jerarquicen y preserven los empleados y funcionarios de planta, concursando los cargos, brindándoles estabilidad y una política remuneratoria digna. Sin carrera administrativa, no hay segunda línea de funcionarios para que el municipio continúe brindando servicios, más allá del cambio de funcionarios políticos. Sin carrera administrativa no hay equipos de profesionales, técnicos, obreros y administrativos, para que planifique, proyecten y aseguren la continuidad de acción. Sin planificación ni proyectos no se logrará financiamiento público; sin continuidad, no habrá inversiones privadas en Azul.

El Proyecto de Presupuesto elevado a este Concejo Deliberante, contiene artículos que se contraponen con lo expresado anteriormente, respecto a la posibilidad de recomponer la carrera administrativa.

Los arts. 15 inciso segundo, 16, 20, 21, 23 y 24 son contrarios a los principios constitucionales (art. 14 bis CN, art. 103 inc. 12), y su regulación en la LOM. No se ha delimitado la cantidad de funcionarios políticos, se crean denominaciones inexistentes en la planta política avanzando sobre la carrera administrativa, y se fijan adicionales remuneratorios (antigüedad y función) al personal político que permiten duplicar la remuneración nominal aprobada, sin que se adopten medidas equivalentes con el personal o funcionarios de planta.  Se pretende una delegación de potestades del Deliberativo en la autorización del gasto en personal de carrera, creación de cargos temporarios y definitivos, fijación de escalas salariales, transferencia de cargos y reglamentación de la estructura de personal, atribuciones todas que corresponden al Concejo Deliberante. Se demanda la autorización del gasto para la totalidad del personal actual (1855 agentes), sin establecer mecanismos de supresión de vacantes por renuncias o jubilaciones, lo que se contrapone con la declaración de emergencia y el déficit estructural invocado. En todo caso, la supresión de vacantes debe vincularse con el cumplimiento del salario mínimo, vital y móvil para todos los agentes municipales (art. 14 bis CN, Ley 14.656).

4. El Proyecto de Ordenanza declarando la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, pretende lograr una delegación análoga en materia de carrera administrativa (art. 7 inc. “d”), pretendiendo “reasignar” al personal, para “racionalizar las estructuras y modalidades de gestión”. Metodológicamente es inadecuado mezclar la situación del personal en una norma junto con automotores, inmuebles, sistemas de contratación, etcétera. El empleado no es equiparable en su vida laboral, en sus derechos –estabilidad, carrera administrativa, condiciones de trabajo, remuneración, etc.– en sus legítimas aspiraciones, o en su función administrativa esencial para que se cumplan los fines públicos del municipio. En todo caso, el Ejecutivo debe proponer al Concejo las medidas concretas para su aprobación.

5. El Proyecto de Presupuesto 2016 elevado por el Ejecutivo contiene el pedido de delegación de potestades del Deliberativo (arts. 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 13) que deben suprimirse, porque las ampliaciones y modificaciones presupuestarias deben ser aprobadas por el Concejo Deliberante. Con mayor razón aún cuando se trata de partidas afectadas, porque corresponde al Deliberativo (art. 120 LOM, art. 26 y 27 del Decreto 2980/2000 –RAFAM–), autorizarlo en cada caso cuando se haya “cumplido el objetivo impuesto en la ordenanza de creación, se deberá indicar el nuevo destino o su incorporación al Tesoro Municipal mediante ordenanza que dicte el Concejo Deliberante”.

También es improcedente la delegación de compromisos plurianuales (art. 273 LOM), y firmar convenios de financiación (créditos, empréstitos) para los que previamente hay que cumplir lo establecido por el art. 46 y 47 LOM en el ámbito del Concejo Deliberante.

6. El Proyecto de Ordenanza declarando la Emergencia, incurre en inconstitucionalidad (art. 2 y concs.). Por una parte, el “régimen de consolidación” carece de apoyatura en una norma nacional equivalente. Por otra, en un contexto inflacionario grave, impone a los proveedores a quien el municipio reconoce adeudar, el pago en cuotas que puede extenderse durante cuatro años. Finalmente, es inconstitucional la amenaza de excluirlos del registro de contratistas, porque –ha dicho la CSJN– es gravemente discriminatorio imponer consecuencias sancionatorias por ejercer un derecho, es decir, por reclamar su crédito administrativa o judicialmente.

7. Se adjunta al presente documentos de trabajo (aquí  y aquí) con la ampliación de los fundamentos en ambos proyectos objetados.

POR ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL

Acuerda y resuelve la siguiente

COMUNICACIÓN

ARTICULO 1.- SOLICITAR  al Departamento Ejecutivo que analice y recepte las observaciones que se formulan en los Considerandos anteriores, para modificar el Proyecto de Presupuesto 2016, y el Proyecto de declaración de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera.

ARTICULO 2.- DE FORMA.

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